El Colegio de Abogados porteño decide si uno de los asesinos de Cabezas puede ejercer como letrado

La reunión está prevista para las 14.30 en la sede del colegio, sito en Uruguay 412, donde se tratará la denuncia realizada por la familia Cabezas respecto de si corresponde la autorización para matricularse como letrado y ejercer la profesión mientras se encuentra en libertad condicional, ya que la pena vence en 2022.
En esa audiencia, se analizará si corresponde que se le haya otorgado la matrícula a Prellezo cuando la ley 23.189 establece que el Tribunal de Disciplina es el encargado de controlar los antecedentes penales de los aspirantes.
Estarán presentes Gladys Cabezas, hermana de José Luis, el abogado Alejandro Vecchi, quien también representa a los hijos del reportero gráfico, y el propio Prellezo.
El homicidio de Cabezas fue cometido el 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo de la revista "Noticias" realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.
Para la Justicia, la víctima fue capturada por la llamada "Banda de Los Horneros" en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevada hasta una cava de un camino rural de General Madariaga, donde Prellezo lo asesinó de dos disparos en la cabeza e incendió su cuerpo dentro del auto que utilizaba para trabajar.
En el juicio oral, se determinó que el empresario fallecido Alfredo Yabrán fue el autor intelectual "mediato" del crimen de Cabezas, ya que el reportero le había tomado una foto en la playa, y su jefe de custodia, el ex sargento del Ejército, Gregorio Ríos, el inmediato.
En los últimos años, todos los condenados fueron recuperando la libertad, en tanto que en 2010, a Prellezo, le habían dado prisión domiciliaria por problemas de salud.
En tanto, el 8 de enero de 2017, a pocos días de cumplirse el vigésimo aniversario del crimen del reportero gráfico, Prellezo salió en libertad condicional por decisión de la Cámara de Apelaciones de Dolores, que estimó que dentro de cinco años podrá quedar en libertad plena.
Los jueces destacaron la "superación personal" del condenado en base a sus estudios en la Universidad, se tuvo en cuenta que trabaja como gestor desde su domicilio, realiza actividad física, concurre a la Iglesia Adventista y fortaleció sus "lazos familiares y sociales en general", ya que formó una nueva pareja con la que tiene un hijo.
(Télam)