Director de la Oficina Nacional de Presupuesto declaro en el juicio de la obra publica
El funcionario afirmó que es "habitual" diferencias entre lo prometido y lo realizado en materia de obra pública, en el marco de la causa que estudia la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El funcionario, que ingresó a la función pública hace 30 años, sostuvo que son muchos los motivos por los que pueden darse las diferencias entre las metas proyectadas y el nivel de realización de las obras, por lo que remarcó que “el sistema de metas es indicativo”.
Durante una audiencia que se desarrolló por videollamada, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, el testigo enumeró que puede haber situaciones climáticas y hasta dificultades para dar concluir una licitación, pero en todo momento destacó que el papel del área que el integra “análisis técnico-financieros” y emite opiniones “no vinculantes”.
“La palabra final es de los legisladores. El Parlamento puede modificar el presupuesto e incluso las obras (quitar las sugeridas y poner otras que no estén)”, sostuvo Rajuán, que fue un testigo propuesto por parte de la defensa del empresario detenido Lázaro Báez, quien está acusado de haberse beneficiado con el supuesto direccionamiento de la obra pública.
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“No me constan irregularidades en asignaciones (de obras) a Santa Cruz”, “la contratación de obras necesita aprobación parlamentaria” y “toda obra que dure más de un año tiene que ser autorizada por el parlamente o por una norma con un rango equivalente al de Ley”, sostuvo el testigo cuando le consultaron puntualmente por los hechos que se investigan en el juicio.
Rajuán fue uno de los dos testigos que declararon en la audiencia de ayer, mientras que la otra fue Analía Iris Sánchez Zolezzi, también funcionaria técnica de carrera que se desempeña en la Oficina Nacional de Presupuesto desde hace más de una década.
El debate fue seguido de manera remota por algunos ex funcionarios acusados, como Carlos Kirchner, José López, Nelson Periotti y Abel Fatala.
Todos son juzgados en este debate la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el detenido empresario Lázaro Báez por el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional a favor de firmas de este último en Santa Cruz, en particular "Austral Construcciones" y presuntos sobreprecios e incumplimientos de contrato. (Télam)
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