La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró “en desacato permanente” a Nicaragua por incumplir algunas medidas reclamadas en beneficio de 45 dirigentes opositores detenidos.
La Corte IDH adoptó lo que técnicamente se denomina “una Resolución de Medidas Provisionales” sobre la situación del dirigente Juan Sebastián Chamorro y otras 45 personas privadas de su libertad y alojadas en 8 centros de detención.
En ese documento, la Corte IDH advierte que “la posición asumida por Nicaragua y la efectiva inobservancia de lo ordenado en las Resoluciones de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2022, constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal”.
El cuerpo denunció que esa actitud de Mangua es “contraria al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, lo que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios”.
El Tribunal instruyó al presidente de la Corte para que presente ante el Consejo Permanente de la OEA un informe sobre la situación de “desacato permanente y desprotección absoluta” en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales.
E insta al Consejo a que, “en aplicación de la garantía colectiva, en tanto obligación orientada a asegurar la efectividad de la Convención Americana, dé seguimiento al incumplimiento de las Medidas Provisionales”.
La decisión de declarara a Nicaragua en desacato responde a un pedido en ese sentido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que Managua se ausentara de la sesión de la Corte IDH del miércoles 9 de este mes en la que se discutió justamente su “incumplimiento”.
En esa sesión, en Costa Rica, se buscaba escuchar la palabra de funcionarios de la presidencia de Daniel Ortega sobre la situación de 45 presos –que varias organizaciones de DDHH consideran “de conciencia”-, la mayoría detenidos en la cárcel policial conocida como El Chipote desde hace más de un año.
Entre los detenidos están la excomandante guerrillera sandinista y líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Dora María Tellez; la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial Cristiana Chamorro; el exmiembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Víctor Hugo Tinoco; la jefa del partido Unamos Suyen Barahona; el diplomático y docente Arturo Cruz; y la exdirectora del opositor Movimiento por Nicaragua Violeta Granera, precandidato presidencial por la Alianza Azul y Blanca (UNAB).
También están arrestados el expresidente del Consejo Superior de Empresas Privadas de Nicaragua (C OSEP) José Adan Aguerri; el periodista Miguel Mora; el exdirigente del Movimiento Renovador Sandinista nicaragüense y actual miembro del partido Unamos Hugo Torres; el integrante de la opositora Alianza Cívica Nicaragüense Juan Sebastián Chamorro y la activista feminista Tamara Dávila.
El Gobierno de Ortega rechazó autorizar una visita de la CIDH para ver a los presos, varios de ellos -38, según el Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más- con enfermedades agravadas por la cárcel.
La mayoría de los detenidos fueron condenados por “terrorismo”, “conspiración” y “traición a la patria”, en base a la llamada Ley de Defensa de la Soberanía, de apenas dos artículos y sancionada en 2020.
La Ley castiga a quienes promueven sanciones o injerencias extranjeras y atentan contra la seguridad nacional.
(Télam)