Cáffaro cada vez más complicado
El intendente fue procesado y embargado, en el marco de una causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos. Los detalles.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y por el uso de documento público ideológicamente falso. Además, libró un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes. La medida no incluyó el dictado de una prisión preventiva porque el jefe comunal no obstruyó la investigación. Así, Cáffaro seguirá en libertad hasta el correspondiente juicio, si es que la Cámara Federal de San Martín no modifica el fallo.
También fueron procesados el secretario de Gobierno de la municipalidad de Zárate, Pablo Andrés Giménez, el ex secretario de Obras Públicas local Osvaldo Caccaviello, el arquitecto Salvador Ingrassia y el empresario Gustavo Alberto Castillo.
La Justicia investiga la presunta comisión de delitos a raíz del supuesto desvío de unos 10 millones de pesos aportados por Nación, en el marco de un convenio firmado entre el municipio y el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para realizar las "Obras de Seguridad de Energía Eléctrica". Se trata de una denuncia presentada el 17 de mayo de 2017 por vecinos.
Por ese convenio, el gobierno nacional iba a remitir al Municipio 50.820.000 de pesos, para los trabajos que fueron adjudicados a la firma C&E Construcciones. Sin embargo, se realizó un solo giro ya que antes de liberar el segundo pago, funcionarios advirtieron irregularidades.
Al respecto, el dictamen de Adrián González Charvay da cuenta de adulteraciones en el pliego de la obra convenida con la Nación en 2013, "con ventajas indebidas hacia la empresa ganadora".
La justicia entiende que los procesados "beneficiaron" a la empresa C&E "con la obtención de un contrato importante" por 50,8 millones de pesos y que para ello "se aprovecharon de las previsiones del pliego en cuanto al monto del contrato en definitiva a suscribir y a la par privaron de competitividad al proceso de la licitación 29/2013".
Para más información, visite INICIO.
También fueron procesados el secretario de Gobierno de la municipalidad de Zárate, Pablo Andrés Giménez, el ex secretario de Obras Públicas local Osvaldo Caccaviello, el arquitecto Salvador Ingrassia y el empresario Gustavo Alberto Castillo.
La Justicia investiga la presunta comisión de delitos a raíz del supuesto desvío de unos 10 millones de pesos aportados por Nación, en el marco de un convenio firmado entre el municipio y el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para realizar las "Obras de Seguridad de Energía Eléctrica". Se trata de una denuncia presentada el 17 de mayo de 2017 por vecinos.
Por ese convenio, el gobierno nacional iba a remitir al Municipio 50.820.000 de pesos, para los trabajos que fueron adjudicados a la firma C&E Construcciones. Sin embargo, se realizó un solo giro ya que antes de liberar el segundo pago, funcionarios advirtieron irregularidades.
Al respecto, el dictamen de Adrián González Charvay da cuenta de adulteraciones en el pliego de la obra convenida con la Nación en 2013, "con ventajas indebidas hacia la empresa ganadora".
La justicia entiende que los procesados "beneficiaron" a la empresa C&E "con la obtención de un contrato importante" por 50,8 millones de pesos y que para ello "se aprovecharon de las previsiones del pliego en cuanto al monto del contrato en definitiva a suscribir y a la par privaron de competitividad al proceso de la licitación 29/2013".
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