El problema de no creer en el Estado
La ex legisladora opina acerca de la necesidad de investigar a los diferentes organismos del Estado.
La idealización del mercado en desmedro del papel del estado para garantizar derechos e igualdad de oportunidades, debería requerir mayores esfuerzos de transparencia en el manejo de los recursos públicos. En Argentina, cualquier gobierno post kirchnerista debía extremar en la prolijidad de comportamiento de todo ese nuevo funcionariato. Especialmente, si lo que se busca es prescindir de los empleados públicos de carrera para transferir atribuciones y pagos a empresas privadas a cargo de la realización de tareas de “consultoría”.
El Ministerio de Modernización, -el mismo que está a cargo del “achicamiento” de las plantas de personal-, contrata a empresas privadas para hacer relevamiento de lo que hacen sus propios equipos y trabajadores. Ese es el objeto de la contratación de la empresa Labcom SA: “seguimiento de evolución de proyectos centrales de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio…”
En agosto del 2016 se inscribió como proveedora; en septiembre se abrió la licitación; en octubre se dieron cuenta que era la única presentada; en noviembre se le adjudicó el contrato por $ 1.200.000. No es lo único que llama la atención. Esta empresa, que declara en sus estados contables haber cobrado en los dos últimos años casi $ 7.000.000, no tiene empleados, no tiene ninguna constancia del rubro salarios ni cargas sociales, ni contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo. Es difícil adivinar quién realiza el trabajo para el que ha sido contratada.
Porque además sus socios revistan como personal en el Conicet, en el Ministerio de Justicia y en Nación Fideicomiso (revistaba al momento de ganar la licitación). Y uno de ellos participa de un condominio en Salta con el Presidente de la Nación.
Todos estos datos son de acceso público y no pudieron ser ignorados.
La decisión ministerial viola la norma que regula las contrataciones del estado, la de consultorías privadas y obvio, la ley nacional de ética pública. Los funcionarios que adjudicaron nunca miraron la situación de revista. Y entonces contrataron a una empresa sin empleados y cuyos titulares tenían flagrantes inhabilidades.
Como mínimo, se hace necesario abrir una investigación que meritúe los hechos y las responsabilidades. También parece cada vez más imprescindible una Oficina anticorrupción autónoma que cumpla eficazmente con la tarea de prevenir y evitar el aprovechamiento de las ventajas que ofrece el cumplimiento de funciones públicas que no son otra cosa que la delegación que el pueblo hace en sus representantes para una administración correcta de los recursos del pueblo para el bienestar y el interés general.
El Ministerio de Modernización, -el mismo que está a cargo del “achicamiento” de las plantas de personal-, contrata a empresas privadas para hacer relevamiento de lo que hacen sus propios equipos y trabajadores. Ese es el objeto de la contratación de la empresa Labcom SA: “seguimiento de evolución de proyectos centrales de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio…”
En agosto del 2016 se inscribió como proveedora; en septiembre se abrió la licitación; en octubre se dieron cuenta que era la única presentada; en noviembre se le adjudicó el contrato por $ 1.200.000. No es lo único que llama la atención. Esta empresa, que declara en sus estados contables haber cobrado en los dos últimos años casi $ 7.000.000, no tiene empleados, no tiene ninguna constancia del rubro salarios ni cargas sociales, ni contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo. Es difícil adivinar quién realiza el trabajo para el que ha sido contratada.
Porque además sus socios revistan como personal en el Conicet, en el Ministerio de Justicia y en Nación Fideicomiso (revistaba al momento de ganar la licitación). Y uno de ellos participa de un condominio en Salta con el Presidente de la Nación.
Todos estos datos son de acceso público y no pudieron ser ignorados.
La decisión ministerial viola la norma que regula las contrataciones del estado, la de consultorías privadas y obvio, la ley nacional de ética pública. Los funcionarios que adjudicaron nunca miraron la situación de revista. Y entonces contrataron a una empresa sin empleados y cuyos titulares tenían flagrantes inhabilidades.
Como mínimo, se hace necesario abrir una investigación que meritúe los hechos y las responsabilidades. También parece cada vez más imprescindible una Oficina anticorrupción autónoma que cumpla eficazmente con la tarea de prevenir y evitar el aprovechamiento de las ventajas que ofrece el cumplimiento de funciones públicas que no son otra cosa que la delegación que el pueblo hace en sus representantes para una administración correcta de los recursos del pueblo para el bienestar y el interés general.
Margarita Stolbizer, titular del Partido GEN.
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