Desestimaron denuncia contra diputados que bajaron a la plaza del Congreso en medio de incidentes

La jueza federal María Eugenia Capuchetti desestimó hoy una denuncia contra los diputados de izquierda y de Unión por la Patria (UxP) que bajaron a la Plaza Congreso con el alegado propósito de intentar detener la represión policial contra los manifestantes que se congregaron allí durante los debates de la denominada Ley “Bases”, informaron fuentes judiciales.

Se trata de dos denuncias que se presentaron por separado pero que finalmente se acumularon: la primera fue contra los diputados nacionales de la izquierda Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina Del Plá y en la segunda también se incluía a Máximo Kirchner y Leandro Santoro, de UxP.

La magistrada desestimó las denuncias tras resaltar que la fiscalía federal 8, llamada a intervenir en este expediente, dictaminó por no impulsarlas dado que en ellas no se especificaba cual había sido la conducta reprochable sino que solo se cuestionaba la actitud de los diputados.

“Impulsar la acción penal es atribución exclusiva del Fiscal y toda acción tendiente a reemplazar dicha competencia, poniéndola en cabeza de los jueces, resulta violatoria de la prohibición de llevar adelante la acción penal de oficio”, detalló la magistrada.

Los diputados habían sido acusados por la supuesta comisión del delito de “incitar, provocar o determinar a otras personas manifestantes a cometer delitos que afectan la tranquilidad pública”.

En ambas denuncias, hechas por un abogado particular, se remarcaba que es conocida “la inmunidad parlamentaria” pero se cuestionaba a los legisladores por intentar hacer valer esa inmunidad para agitar las manifestaciones contra el normal desenvolvimiento del Congreso.

La fiscalía había opinado que “el denunciante no circunscribe en tiempo, modo y lugar las conductas presuntamente delictivas que le atribuye a los diputados y diputadas Nacionales. En otras palabras, solamente hace una mera referencia genérica indicando ’manifestaciones que prima facie atentaría contra la forma republicana de gobierno y nuestro Estado de Derecho’”.

Télam