El gobierno busca avanzar en las negociaciones por la ley ómnibus y el DNU
En una nueva “oportunidad” a los gobernadores, como se encarga de remarcarlo el presidente Javier Milei, el Gobierno busca conquistar los votos necesarios para la sanción de la nueva versión de la Ley Ómnibus y el respaldo legislativo necesario para aprobar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Tras el fin de semana XXL, los funcionarios de la administración retomarán las negociaciones con los mandatarios provinciales tras las nuevas críticas libertarias en su contra y con la tensión a flor de piel a raíz del recorte de transferencias directas y fondos automáticos.
Sin fecha exacta, pero con la intención de que cosechar el apoyo necesario para pasar las principales reformas para finales de abril, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán el jueves a los gobernadores de Juntos por el Cambio en una reunión que debió ser reprogramada por problemas de agenda.
La idea de la gestión es concretar acercamientos con todos los bloques legislativos y gobernadores para avanzar en los puntos controversiales, que giran en torno a diferencias en el tema jubilaciones y en el Impuesto a las Ganancias, que demoran los acuerdos.
Las aclaraciones del Gobierno
El ministro del Interior anticipó que el Gobierno modificará las escalas del Impuesto a las Ganancias, vigentes desde noviembre de 2023, y aclaró que “si no se elimina” el pago del primer trimestre con la nueva ley “tiene que pagarse a fin de año”.
Al respecto explicó que el piso del tributo “empieza a partir de la suma de $1.200.000 para arriba, pero siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así porque es un impuesto que establece una progresión”.
Por otra parte, rechazó la versión que circuló sobre la decisión de Casa Rosada de eliminar las transferencias de recursos previsionales a las provincias y la posibilidad de eliminar las obras de infraestructura estatales.
El encargado de avanzar en los acuerdos con los gobernadores reveló que, a pesar de las “versiones erróneas que cofunden”, las reuniones “han avanzando y seguramente la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia finales de este mes”.
“La idea es que la Ley Bases y la reformas tributarias que se van a enviar sean el primer paso hacia el Pacto de Mayo que propuso el Presidente”, subrayó el funcionario.
Asimismo, contó que el Gobierno trabaja en la posibilidad de incorporar capítulos de la reforma laboral en el megaproyecto para posibilitar el ingreso de capitales. “Uno de los temas más complejos es la regulación laboral obsoleta y que no genera el ánimo de muchos inversores de traer capitales al país. Algunos sugerían que varios aspectos contemplados en el DNU fueran tratados en una ley”, reveló Francos.
Las advertencias de los gobernadores
En los últimos días, gobernadores de todos los colores políticos expresaron su preocupación sobre la realidad de sus provincias y encendieron las alarmas en el Gobierno sobre el panorama a acordar.
El más concreto fue el santacruceño Claudio Vidal, quien advirtió que ve “descontento” por parte de los gobernadores, y a título personal anticipó que ”si no hay recursos para mi provincia en materia de educación y salud, nuestros legisladores no van a acompañar la Ley Bases ni tampoco habrá Pacto de Mayo“.
El tucumano Osvaldo Jaldo también alertó que, a pesar de su buena predisposición, observa el impacto negativo en de las arcas financieras provinciales. ”A este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación“, advirtió.
Lo propio planteó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien anticipó que acompañará las medidas, pero lanzó una advertencia al sostener que “los vecinos se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar el ajuste”.
El salteño Gustavo Sáenz denunció además que los jubilados “siempre fueron la variable de ajuste” de todos los gobiernos ”porque no producen, los que piensan en una planilla de Excel los agarran a ellos”.
Otro de los que se plegó a cuestionar las recetas del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el radical Maximiliano Pullaro tras plantear que el ajuste es ”muy fuerte“ y que ”lo están pagando los sectores populares“.
Por los pasillos de Casa Rosada revelaron que la oposición “siempre intenta correrte el arco”, y prometieron consecuencias si “voltean” la mega ley o el DNU. “Quisiera ver qué pasa”, ironizaron.