Milei desafía a las universidades: "El que no quiere ser auditado es un chorro"
El presidente Javier Milei intentó aliviar la creciente tensión con las universidades tras sus polémicas declaraciones, donde afirmó que solo los hijos de familias ricas acceden a la educación superior. En una entrevista con LN+, Milei aseguró: "La universidad seguirá siendo pública y no arancelada, eso no está en discusión". Sin embargo, remarcó que la universidad "gratuita no es", ya que, según su visión, los impuestos financian el sistema educativo, pero los beneficiarios netos son quienes asisten a las universidades.
El conflicto con las universidades públicas
Milei ha sido contundente al afirmar que no está en contra de la educación pública, pero defendió su propuesta de auditar a las universidades, generando una ola de protestas en todo el país. "Si las universidades logran el financiamiento que piden, va a haber más pobres en el país", advirtió el presidente, subrayando que el aumento de recursos afectaría negativamente la economía. Además, desafió a las instituciones a ser más claras en sus intenciones: "Que las universidades sean explícitas en cuanto a quién le quieren sacar la plata".
El mandatario también dejó abierta la posibilidad de revisar el presupuesto universitario para 2025, siempre manteniendo la meta de déficit cero. "No voy a ceder", aseguró, refiriéndose a las demandas estudiantiles y docentes.
Tomas y protestas en universidades
Las tomas de universidades como la UBA, UNC, y UNT reflejan el descontento de estudiantes y docentes, quienes se oponen al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. En respuesta, el presidente acusó a los manifestantes de estar "a favor de que se utilicen las universidades para robar", y exigió auditorías más rigurosas para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos. A pesar de que las universidades ya son auditadas por la AGN y la Sigen, Milei insistió en que los que se oponen a las auditorías "tienen algo que ocultar".
El conflicto, que ha tomado escala nacional, refleja una creciente polarización entre el gobierno y el sector educativo, mientras la sociedad debate sobre el futuro del sistema universitario público en Argentina.