La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró este jueves emergencia nacional en materia de seguridad y habilitó a la Policía nacional a que disponga la “suspensión de las garantías constitucionales” en las zonas en las que lo considere necesario.
"Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley, barrios, colonias, aldeas, municipios y departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional que por medio de sus evaluaciones comunitarias proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores en donde se amerite", remarcó Castro.
Fue durante la presentación del Plan Nacional Contra la Extorsión, con el que el Ejecutivo busca enfrentar el crecimiento de la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales.
“Este Gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión”, remarcó la mandataria, que exigió a la Policía que recupere “en el menor tiempo posible” los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas.
Detalló la presidenta que habrá “un sistema de investigación e inteligencia financiera para el rastreo, detección y desactivación de lavado de capitales y activos, provenientes del crimen organizado transnacional y nacional".
Respaldó a la Policía en su tarea de “combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales, que conlleven a la identificación y captura de los cabecillas de cuello blanco”, que volvió a la idea de “declarar la guerra”, ahora a “la corrupción y la impunidad”.
Primera mujer jefa del estado en Honduras, Castro instruyó a las autoridades de Comisión Nacional de Telecomunicaciones el control de la venta de chips para teléfonos, proceso que se hará únicamente con identificación de las personas; y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el establecimiento de las medidas para que los movimientos bancarios también se realicen con la identificación de las personas.
En el acto de lanzamiento estuvieron el secretario privado, Héctor Zelaya, el alcalde capitalino, Jorge Aldana, y el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, según los sitios de La Tribuna y El Heraldo.
“Mi compromiso es brindarle toda la seguridad que demanda el pueblo hondureño y retornarle la dignidad perdida con el régimen anterior”, afirmó Castro, que advirtió que la extorsión es “una de las principales causas de la migración y cierre de pequeños y medianos negocios”.
Según El Heraldo, la extorsión se volvió en Honduras “una industria muy violenta que recoge anualmente alrededor de 737 millones de dólares”, una suma equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y a un 14,7% de la recaudación fiscal.
“Estimamos que en Honduras se pagan alrededor de 737 millones de dólares al año por extorsión. Esto representa el 16% de la recaudación tributaria para Honduras en 2022. Ese cálculo lo desarrollamos para este estudio con base en el análisis minucioso de expedientes judiciales. De otra forma, sería difícil aproximar cuánto se paga en extorsión”, señala un informe de tres especialistas para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
De acuerdo a ese documento, cada víctima de extorsión paga anualmente un promedio de 3,568 dólares. (Télam)