Fuerte rechazo gremial: la polémica por las licencias para estatales bonaerenses

En su primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto impulsado por la diputada de Unión por la Patria, Margarita Recalde, que amplía las licencias para los estatales bonaerenses en casos de tratamiento de familiares con discapacidad o cuestiones vinculadas a la salud mental. Sin embargo, la iniciativa generó rechazo en sectores gremiales, que la consideran una intromisión en el ámbito de la negociación colectiva.

Un proyecto en disputa

El texto aprobado en la Cámara baja prevé otorgar 60 días de licencia, que podrán ser tomados de manera continua o discontinua, y permisos de hasta 480 horas anuales para ser utilizadas según la necesidad de los tratamientos. Según Recalde, el objetivo es evitar la interrupción de las trayectorias laborales, una situación que afecta principalmente a las mujeres que deben asumir el rol de cuidadoras.

“Gracias a los diputados por acompañar esta iniciativa. Estamos ante una oportunidad de otorgarles derechos a nuestros trabajadores de la administración pública”, celebró la legisladora oficialista tras la votación.

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No obstante, desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) expresaron un fuerte rechazo a la medida y enviaron una carta al ministro de Trabajo, Walter Correa, donde plantearon que el proyecto “invade el ámbito de la ley de Negociación Colectiva del Sector Público”.

“Pretender legislar cuestiones inherentes al empleo público desde la mirada de un escritorio de un legislador no solo violenta el plexo normativo de la Ley 13.453, sino que además refleja una mirada parcial, distante de resolver la temática”, expresaron desde el gremio conducido por Julio Castro, Miguel Zubieta y Pedro Fernández.

El vacío legal que busca llenar la ley

Recalde fundamentó su iniciativa en que el Estatuto de los estatales bonaerenses no contempla una perspectiva de discapacidad. Actualmente, las licencias solo se otorgan en situaciones de maternidad, paternidad, cuidado de hijos, enfermedad o accidente de trabajo. Según la diputada, esta falta de regulación deja en situación de vulnerabilidad a los trabajadores que deben atender a familiares con discapacidades o problemas de salud mental.

“Ese vacío genera una situación de desamparo para los trabajadores que transcurren estas situaciones en sus hogares en algún momento de su vida, y no pueden recurrir a herramientas justas sin perjudicar de forma permanente su estado laboral”, sostuvo Recalde durante su intervención en la Cámara.

En el mismo sentido, aseguró que el tratamiento inmediato y dedicado de forma plena en los primeros momentos en los que se adquiere una discapacidad ayuda a mejorar la calidad de vida tanto del paciente como del trabajador afectado.

Los gremios insisten en el diálogo paritario

Desde FEGEPPBA insistieron en que cualquier modificación en el régimen de licencias debe debatirse en paritarias y no imponerse de manera unilateral desde la legislatura. Argumentan que la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público establece que las cuestiones laborales vinculadas a la prestación de servicios y condiciones de trabajo deben ser discutidas y acordadas en ese ámbito.

En ese marco, los gremialistas remarcaron que la medida representa una vulneración de los acuerdos colectivos y advirtieron que el proyecto podría sentar un precedente peligroso al interferir en derechos laborales que deberían ser resueltos dentro del ámbito sindical.

El proyecto de ley ahora pasará al Senado bonaerense, donde se definirá si se convierte en ley. Mientras tanto, la tensión entre el oficialismo y los gremios sigue en aumento, y la discusión sobre quién tiene la última palabra en materia de derechos laborales dentro del sector público promete seguir dando que hablar.