Aprobaron el aumento salarial para altos funcionarios del Gobierno
El Gobierno nacional oficializó este viernes un aumento salarial para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque la medida no alcanzará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión quedó formalizada con la publicación del Decreto 931/2025 en el Boletín Oficial, que modifica un esquema de remuneraciones congelado desde diciembre de 2023.
Si bien la norma habilita la actualización de los salarios, no precisa el porcentaje exacto del incremento, ya que estará vinculado a los aumentos acumulados negociados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional.
Qué establece el decreto salarial
El DNU dispone que, a partir de este mes, se traslade a las retribuciones de ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente el porcentaje acumulado de aumentos salariales acordados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, correspondientes a convenios aprobados entre enero de 2024 y julio de 2025.
Exclusión expresa del Presidente y la Vicepresidenta
El texto aclara de manera explícita que los incrementos no serán de aplicación para los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación, y remarca que la actualización no tendrá efectos retroactivos.
Un nuevo esquema para el empleo público
Además del aumento salarial, el decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar “un nuevo sistema del empleo público” dentro del Sector Público Nacional.
Cambios en ingreso, evaluación y remuneraciones
Entre los ejes del nuevo esquema se destacan la modificación de los mecanismos de ingreso por mérito, la evaluación periódica del desempeño, la movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a las responsabilidades y funciones, con el objetivo de garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y profesionalización de la administración pública.
El argumento fiscal detrás de la decisión
En los considerandos, el Gobierno justificó la medida en dos factores centrales: el prolongado congelamiento salarial vigente desde fines de 2023 y el saneamiento de las cuentas públicas logrado durante la gestión.
Según el decreto, el programa económico permitió acumular 22 meses de superávit fiscal, lo que habría contribuido a una baja en el índice de pobreza y a la estabilización de la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hacia finales de 2025.
La cláusula clave: el aumento se frena si hay déficit
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la cláusula de suspensión automática. La norma establece que, si el Ministerio de Economía constatara públicamente la existencia de déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones quedarán automáticamente congeladas.
Congelamiento sin trámite administrativo
La suspensión operará “de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo” y se mantendrá vigente hasta que se restablezca el resultado fiscal financiero superavitario. Incluso quedará suspendida la aplicación de incrementos ya aprobados.
Invitación a otros poderes y jurisdicciones
El decreto también invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento de retribuciones para sus autoridades en contextos de déficit fiscal dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Derogación de una norma clave del congelamiento
Por último, la medida deroga el artículo 4° del Decreto N° 235, vigente desde marzo de 2024, que había establecido el congelamiento de las retribuciones de los altos funcionarios según los montos percibidos al 31 de diciembre de 2023.
Con esta decisión, el Gobierno habilita una actualización salarial condicionada al equilibrio fiscal, mientras mantiene fuera del esquema al Presidente y la Vicepresidenta.