El DNU de la SIDE ingresó al Congreso y la Justicia rechazó abrir la feria

Al filo del plazo legal, el Gobierno nacional envió al Congreso el DNU 941/2025, con el que reformó la Ley de Inteligencia Nacional y amplió de manera significativa las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Mientras comienza a correr el reloj parlamentario para su tratamiento, la Justicia rechazó habilitar la feria judicial para analizar los amparos que buscaban suspender la norma de forma inmediata.

El decreto fue firmado el 31 de diciembre, en pleno receso legislativo, y está vigente desde el 2 de enero. Constitucionalistas y sectores de la oposición cuestionan que la medida habilite tareas de vigilancia, persecución e incluso detenciones sin orden judicial, lo que consideran una vulneración directa de garantías constitucionales.

El rechazo judicial y los amparos desestimados

Este jueves, el juez federal de feria Walter Lara Correa desestimó los cinco amparos presentados contra el DNU 941, en línea con el dictamen del fiscal Fabián Canda. El magistrado sostuvo que la habilitación de la feria no es automática y que resolver esas cautelares implicaría pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

“La habilitación no deviene de automática aplicación por el solo hecho de tratarse de medidas cautelares”, argumentó el juez. En ese marco, señaló que deberán ser los jueces naturales de cada causa quienes evalúen la constitucionalidad del decreto cuando se reactive la actividad judicial.

Entre los impulsores de los amparos figuran los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, del interbloque Unidos; dirigentes radicales como Leopoldo Moreau y Federico Storani; además del CELS, el Llamamiento Argentino Judío y la Fundación Apolo.

El Congreso, la única vía para frenar el decreto

Con la vía judicial momentáneamente cerrada, la discusión quedó en manos del Congreso. Desde el ingreso formal del DNU, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para expedirse. Ese plazo vence el 29 de enero.

Sin embargo, la comisión aún no fue conformada. Ni la vicepresidenta Victoria Villarruel ni el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en la designación de sus integrantes, pese a los reclamos de la oposición. Lo mismo ocurre con la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que debería intervenir en este tipo de reformas.

Desde la Casa Rosada dejaron trascender que no planean completar esas instancias hasta el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo. Aun así, cumplido el plazo legal, cualquiera de las cámaras podrá llevar el DNU directamente al recinto.

Los votos, el quórum y la pulseada política

En la Cámara de Diputados es donde se concentran las mayores reacciones contra el decreto. A los rechazos de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se sumó el interbloque Unidos, conformando un bloque de 119 diputados, a apenas diez del quórum necesario para abrir una sesión.

“¿Por qué es urgente que se trate el DNU 941/2025? Porque atenta contra los consensos democráticos que previenen la concentración de poder”, sostuvo el senador justicialista Jorge Capitanich, tras el ingreso del decreto.

Para rechazar definitivamente el DNU, se necesita mayoría simple en ambas cámaras. La oposición apuesta a lograr ese objetivo en una sesión especial prevista para la primera semana de febrero, cuando finalice el receso estival.

El eje del conflicto: detenciones sin orden judicial

El punto más controvertido de la reforma es la habilitación a los agentes de la SIDE para detener personas sin una orden judicial previa, una facultad que encendió alarmas en organismos de derechos humanos y en distintos espacios políticos.

Los bloques opositores coinciden en que no existía una urgencia real que justificara avanzar por decreto en un tema tan sensible y advierten sobre el riesgo de abusos y la concentración de poder en el Ejecutivo.

“Hay urgencias y urgencias. Para el juez, este DNU no reviste ninguna urgencia. Para el Gobierno sí la hubo para dictarlo”, cuestionó el diputado socialista Esteban Paulón.

Antecedentes y un febrero decisivo

No es la primera vez que el Congreso choca con el Ejecutivo por la SIDE. En 2024, el Parlamento ya había rechazado otro decreto que ampliaba de manera discrecional su presupuesto. Ahora, el conflicto escala con un debate de fondo sobre libertades individuales y control democrático.

Si ambas cámaras rechazan el DNU en febrero, la norma perderá vigencia de forma automática, obligando al Gobierno a retroceder. En paralelo, la reapertura de la actividad judicial podría reactivar los planteos de inconstitucionalidad.

El mes de febrero se perfila así como un punto de inflexión en una pulseada que enfrenta al Poder Ejecutivo, un Congreso decidido a marcar límites y una Justicia que, por ahora, optó por no intervenir.