Un DNU de Milei habilita a militares activos a ocupar cargos políticos
El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación en la organización del personal militar, al habilitar que miembros de las Fuerzas Armadas en actividad puedan ocupar cargos políticos dentro del Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad. La medida fue establecida mediante el DNU 34/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y desató una inmediata reacción de la oposición, que denunció un avance sobre la neutralidad política de las FF.AA.
La decisión del presidente Javier Milei introduce cambios en la Ley para el Personal Militar (N.° 19.101) y modifica reglas históricas de la carrera castrense, generando un fuerte debate institucional.
Qué establece el DNU 34/2026
Según explicó el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Alberto Presti, el decreto permite que el personal militar designado en cargos del área continúe prestando servicio efectivo, computando ese período dentro de su carrera profesional.
Hasta ahora, el pase a funciones civiles implicaba la disponibilidad del militar, con la consecuente interrupción del cómputo de años de servicio, una situación que —según el Gobierno— desalentaba la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia en puestos clave.
Desde la cartera de Defensa argumentaron que la modificación responde a una “urgente necesidad operativa” de cubrir áreas estratégicas con personal idóneo y con conocimiento técnico acumulado, al tiempo que busca fortalecer la conducción del sistema de defensa mediante una mayor integración entre personal civil y militar.
A quiénes alcanza y cuáles son las excepciones
El decreto aclara que el beneficio alcanza únicamente a los oficiales que aún pueden progresar en su carrera, ya que para los grados superiores el tiempo adicional no modifica ni el retiro ni los haberes.
Quedan excluidos quienes hayan alcanzado los rangos máximos de Teniente General, Almirante o Brigadier General, así como quienes se hayan desempeñado como jefe del Estado Mayor Conjunto o de los Estados Mayores Generales, al tratarse de instancias que representan la culminación de la carrera militar.
Cambios en el régimen salarial y remuneraciones
El nuevo esquema también introduce modificaciones en materia de haberes y complementos salariales. La reforma del artículo 60 de la ley establece que el militar designado percibirá el sueldo correspondiente a su grado, al que se sumará un complemento para alcanzar la remuneración prevista en la ley de presupuesto del cargo asignado.
En caso de que el monto total supere lo establecido, el excedente deberá ser reintegrado al Estado. El decreto aclara que estas disposiciones no afectan el cobro de gastos de representación, garantizando que el desempeño en funciones civiles no implique una pérdida de beneficios económicos.
Rossi denunció un “DNU hecho a la medida de Presti”
La reacción opositora no tardó en llegar. El exministro de Defensa y diputado peronista por Santa Fe, Agustín Rossi, cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo y denunció que se trata de “un DNU hecho a la medida de Presti”, que profundiza la politización de las Fuerzas Armadas.
Rossi explicó que, antes de esta modificación, el militar que ocupaba cargos en el Ministerio pasaba primero a disponibilidad, luego a situación de pasivo y finalmente al retiro. Con el nuevo esquema, advirtió, “el personal militar podrá ser funcionario político del gobierno de Milei y volver después a estar al frente de un regimiento, una brigada o comandar un buque”.
La neutralidad de las Fuerzas Armadas, en debate
“El principio de neutralidad política de las FF.AA. queda claramente vulnerado”, sostuvo Rossi, quien remarcó que se trata de un retroceso institucional sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1983.
El diputado también recordó que la conducción civil del Ministerio de Defensa se mantuvo sin interrupciones durante cuatro décadas y cuestionó la designación de un militar al frente de la cartera, al advertir sobre el malestar interno en las Fuerzas Armadas por los bajos salarios y el deterioro de la obra social del sector.
Las críticas se sumaron a las advertencias de distintos espacios opositores, que consideran que el decreto profundiza un proceso de militarización del Ministerio de Defensa y de politización de las Fuerzas Armadas, reabriendo un debate sensible en la historia institucional argentina.