Imputabilidad desde los 13: qué propone la nueva Ley Penal Juvenil
Mientras avanza con la reforma laboral, el Gobierno nacional volvió a activar uno de los debates más sensibles en materia de seguridad y política criminal: la transformación del régimen penal aplicable a menores de edad. El proyecto de Ley Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo y promovido por Patricia Bullrich desde el Senado, propone bajar la edad de imputabilidad y crear un nuevo sistema penal específico para adolescentes.
La iniciativa busca reemplazar el actual Régimen Penal de la Minoridad, establecido por la Ley 22.278 en 1980, que el Ejecutivo considera desactualizado frente a los estándares constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.
El eje central: la baja de la edad de imputabilidad
Actualmente, en la Argentina la edad de imputabilidad penal está fijada en los 16 años. El proyecto oficial propone reducirla a los 13, incorporando a los adolescentes a un régimen penal juvenil diferenciado.
En la fundamentación del texto, el Gobierno sostiene que el sistema vigente “genera situaciones de impunidad” y que la legislación local quedó “desfasada” respecto de otros países de la región. Entre los ejemplos citados figuran Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, que cuentan con esquemas de responsabilidad penal juvenil con edades más bajas.
Desde Casa Rosada aseguran que la reforma apunta a reducir la criminalidad juvenil y dar una respuesta institucional ante delitos graves cometidos por menores.
Un debate que volvió a escena por casos resonantes
La discusión sobre la imputabilidad volvió a instalarse con fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que el oficialismo utilizó como argumento para reforzar la necesidad de modificar el régimen actual.
Patricia Bullrich retomó el tema públicamente y lo colocó como una de las banderas centrales de la agenda de seguridad de La Libertad Avanza. En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que la baja de la edad de imputabilidad forma parte del paquete de reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.
Qué cambia con la nueva Ley Penal Juvenil: Un régimen específico para adolescentes
El nuevo sistema se aplicaría a adolescentes de entre 13 y 18 años. El proyecto establece que la finalidad del régimen es fomentar la responsabilidad legal del menor por sus actos, pero también su educación, resocialización e integración social.
El texto incorpora principios como:
- Debido proceso
- Derecho a la defensa
- Presunción de inocencia
- Proporcionalidad de las penas
- Tratamiento diferenciado según la edad
Además, fija que la interpretación judicial deberá ser especialmente protectora, por tratarse de personas menores de edad.
Detención diferenciada y límites a las penas
El proyecto prohíbe expresamente que los adolescentes sean detenidos junto a adultos. Toda privación de la libertad deberá cumplirse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, con personal capacitado y un enfoque educativo.
También se establece que:
- No podrá aplicarse prisión perpetua a adolescentes
- El máximo de privación de libertad será de 20 años
- Podrán evaluarse sustituciones parciales de la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, bajo control judicial y evaluación técnica
Según el Ejecutivo, el esquema busca consolidar un modelo de control estatal permanente, que articule sanción penal, intervención judicial y políticas de reinserción social.
El calendario legislativo y la agenda del oficialismo
La iniciativa fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias, previstas entre el 2 y el 27 de febrero. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el oficialismo intentará abrir el debate parlamentario en ese período, aunque dentro del propio bloque libertario reconocen que los plazos son ajustados.
Por ese motivo, no se descarta que el tratamiento se extienda al período ordinario, que comenzará el 1° de marzo.
Con este proyecto, el Gobierno busca convertir la Ley Penal Juvenil en uno de los pilares legislativos de 2026, junto con la reforma laboral y otras iniciativas estructurales, en un contexto de alta conflictividad social y fuerte disputa política.