La reforma laboral abre una grieta fiscal con los gobernadores
En medio de las negociaciones que el Gobierno nacional mantiene para avanzar con la reforma laboral, la rebaja del Impuesto a las Ganancias emergió como el principal foco de tensión con los gobernadores, que advierten una fuerte pérdida de recursos en 2027, un año clave desde el punto de vista electoral.
La discusión atraviesa a todas las jurisdicciones y se da en un contexto sensible: la mayoría de los mandatarios provinciales buscará renovar su mandato o proyectarse a cargos nacionales, mientras enfrenta una recaudación cada vez más ajustada.
El artículo que encendió las alarmas en las provincias
El eje del conflicto está en el artículo 190 del dictamen de modernización laboral, que propone una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. El esquema plantea bajar del 30% al 27% en uno de los tramos y del 35% al 31,5% en el segmento más alto.
De aprobarse el texto sin cambios, las provincias estiman que perderían alrededor de 0,15% del PBI en recaudación, un golpe directo a los fondos que reciben vía coparticipación federal.
Dos miradas opuestas sobre el impacto fiscal
Los gobernadores sostienen que el impacto del capítulo impositivo sería inmediato y superaría los 3 billones de pesos, una cifra que tensiona aún más las finanzas provinciales.
Desde el Ministerio de Economía, en cambio, Luis Caputo relativizó esas proyecciones y aseguró que el efecto fiscal recién se sentirá en 2027, con una merma estimada en torno a 1,5 billones de pesos. La diferencia en los números no hizo más que profundizar la desconfianza entre la Casa Rosada y las provincias.
La pulseada política y un Gobierno inflexible
Por ahora, el Ejecutivo no muestra señales de ceder en este punto y apuesta a seguir negociando con los mandatarios provinciales. Del otro lado, los gobernadores se mantienen firmes: rechazan cualquier modificación que implique resignar recursos en un año atravesado por elecciones nacionales y provinciales.
El proyecto establece que la reducción de Ganancias para sociedades se aplicará a ejercicios fiscales a partir de 2026, lo que traslada el impacto pleno al 2027, cuando se elijan autoridades del Poder Ejecutivo nacional y de las provincias.
Otros puntos de la reforma con impacto en la recaudación
Además de Ganancias, la iniciativa contempla la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que ofrece beneficios como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos. Este esquema tendría un costo fiscal estimado del 0,2% del PBI.
También se habilita la actualización de quebrantos fiscales por inflación, una medida que reduce la carga tributaria futura en escenarios de suba de precios.
Con menor impacto fiscal, el proyecto prevé la eliminación de Impuestos Internos para seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, embarcaciones, aeronaves y el impuesto del 10% a las entradas de cine destinado al financiamiento del INCAA.
El informe que expuso el golpe a la coparticipación
Un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel advirtió que la baja de recaudación proyectada asciende a $3,1 billones, equivalentes a 0,3 puntos del PBI. De ese total, $1,7 billones impactarían directamente en las provincias por el régimen de coparticipación.
En términos mensuales, el recorte promedio sería de $144.000 millones menos para el conjunto de las jurisdicciones, con un impacto desigual según el peso económico de cada distrito.
Las provincias más afectadas por la rebaja de Ganancias
La provincia de Buenos Aires lidera el ranking de pérdidas, con una merma estimada de $30.546 millones mensuales, lo que suma $366.557 millones anuales. Le siguen Santa Fe, con $148.698 millones, y Córdoba, con $145.240 millones al año.
También se verían fuertemente afectadas Chaco y Entre Ríos, con pérdidas de $81.265 millones cada una; Tucumán, con $79.536 millones; Mendoza, con $70.891 millones; y Salta, con $65.704 millones. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego aparece como la jurisdicción con menor impacto, con $22.478 millones anuales.
Según el informe, el 54,66% de la caída de recaudación se trasladaría automáticamente a las provincias, mientras que el 45,34% restante recaería sobre el Tesoro nacional.