El gobierno estira la emergencia ferroviaria y apura la privatización
El Gobierno nacional prorrogó por dos años la emergencia pública en materia ferroviaria y la extendió hasta junio de 2028, con el objetivo de profundizar el plan de recuperación y mantenimiento de la red de trenes de pasajeros y cargas antes de avanzar con su privatización.
La medida fue oficializada a través de la resolución 12 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular del área, Fernando Herrmann.
Según se indicó en el texto, la extensión permitirá “mantener herramientas excepcionales de gestión”, continuar con la reorganización del sistema ferroviario y avanzar hacia su “eficientización y futura privatización”, en línea con los lineamientos de la administración de Javier Milei.
La decisión se tomó cuatro meses antes del vencimiento del plazo original de la emergencia, que había sido dictada en junio de 2024.
El antecedente: el choque en Palermo y el informe de la CNRT
La declaración inicial del régimen de emergencia se produjo tras el choque de trenes de la Línea San Martín a la altura de la estación Estación Palermo, hecho que expuso el deterioro del sistema.
En ese contexto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) había advertido sobre un “deterioro estructural generalizado” en infraestructura, material rodante, programación de inversiones, sostenibilidad presupuestaria y niveles de servicio.
Ese informe fue determinante para que el entonces secretario de Transporte, Franco Mogetta, avanzara con la declaración de la emergencia ferroviaria en 2024.
Las obras en marcha y cómo se distribuyen los fondos
En el marco del plan de recuperación, el Gobierno informó que están en ejecución 226 obras prioritarias y más de 60 acciones estratégicas orientadas a mejorar:
- El estado de las vías y puentes.
- El material rodante.
- El sistema de señalamiento.
- La infraestructura eléctrica.
- La mitigación de riesgos operativos.
La distribución de los fondos contempla:
- 31% para obras en vías y puentes.
- 27% para compra y reparación de material rodante, repuestos y modernización de talleres.
- 26% para obras de señalamiento.
- 7% para infraestructura estratégica.
- 5% para obras eléctricas.
El resto para intervenciones vinculadas a infraestructura deteriorada y reducción de riesgos.
Desde Transporte señalaron que se trabaja sobre infraestructura con más de 100 años de antigüedad, con la renovación de más de 40 kilómetros de vías y la instalación de nuevas señales.
Además, se destacó la implementación total del sistema de frenado automático en líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de reforzar la seguridad operativa.
Compra de locomotoras y renovación de coches
Entre las inversiones anunciadas figuran la compra de tres locomotoras y 43 triplas diésel —equivalentes a 150 coches de pasajeros—, además de repuestos para más de 500 coches eléctricos.
También se avanzó en la modernización de instalaciones técnicas, con la meta de reducir fallas, demoras y cancelaciones mientras se ejecuta el proceso de reorganización previo a la privatización.
El debate sindical tras la emergencia
Tras el choque ferroviario, el secretario general del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, había atribuido el descarrilamiento a la falta de señalamiento y a robos en la infraestructura, y sostuvo que el sistema operaba con serias limitaciones presupuestarias.
En ese momento, los trabajadores enviaron cartas documento a las autoridades nacionales alertando sobre la situación del servicio y los requerimientos mínimos para garantizar la seguridad operativa.
Con la prórroga hasta 2028, el Ejecutivo busca sostener el régimen excepcional mientras profundiza las obras y avanza en el esquema de privatización del sistema ferroviario de pasajeros y cargas.