Diputados: LLA acelera la reforma de la Ley de Glaciares y negocia votos
La reforma de la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena parlamentaria. Con fuerte presión de gobernadores mineros y el interés estratégico del Gobierno por blindar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), La Libertad Avanza (LLA) acelera el tratamiento en Diputados, aunque sin los 129 votos asegurados.
Ante ese escenario, la Casa Rosada resolvió habilitar una audiencia pública no vinculante el próximo martes 10 de marzo, una concesión a bloques dialoguistas y a sectores del peronismo que amenazan con fracturar el tablero.
El RIGI como eje de la reforma
La modificación de la norma ambiental es considerada clave para el RIGI, que Javier Milei definió ante la Asamblea Legislativa como “la política de desarrollo más eficaz del siglo”.
Según datos oficiales, el régimen ya cuenta con proyectos aprobados por USD 25.000 millones y otros USD 45.000 millones en análisis. De los 12 emprendimientos con luz verde, cuatro corresponden al sector minero en Salta, Catamarca y San Juan.
El texto aprobado en el Senado redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglacial, delega en las provincias la “utilización racional de los recursos naturales” y habilita que, sobre estudios técnico-científicos, registren zonas en el Inventario Nacional de Glaciares. Si un área no cumple funciones hídricas, el IANIGLA podría excluirla del listado.
Para organizaciones ambientalistas, ese punto abre la puerta a la exploración minera e hidrocarburífera en zonas hoy protegidas.
El empuje de los gobernadores
La presión de mandatarios provinciales fue determinante para reactivar el debate. En diciembre, durante las negociaciones encabezadas por Diego Santilli por la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026, se incluyó el compromiso de avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares.
En el Senado, la iniciativa obtuvo 40 votos, apenas tres por encima de la mayoría. Entre los apoyos estuvieron los exgobernadores peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci, representantes de provincias con fuerte perfil minero.
Sin embargo, también hubo resistencias dentro del PRO y de bloques provinciales. La heterogeneidad anticipa una votación ajustada en la Cámara baja.
Números finos en Diputados
LLA cuenta con 95 diputados propios y necesita sumar aliados para alcanzar el quórum y la mayoría simple. El oficialismo apunta a radicales, Innovación Federal, el PRO y bloques provinciales, pero el respaldo no está garantizado.
En el Senado, dos de los tres representantes del PRO votaron en contra. También lo hizo la senadora neuquina Julieta Corroza, alineada con su gobernador, mientras que el chubutense Ignacio Torres expresó públicamente su rechazo.
El peronismo tampoco exhibe cohesión. En la Cámara alta hubo apoyos desde provincias mineras y rechazos desde sectores cercanos a La Cámpora. En Diputados, el bloque que conduce Germán Martínez podría repetir esa fractura.
Durante la Asamblea Legislativa, legisladores de Unión por la Patria exhibieron carteles con consignas como “sin agua no hay mate” y “sin agua no hay vermut”, anticipando la resistencia interna.
La audiencia pública como puente político
El pedido de audiencia pública fue impulsado por la Coalición Cívica y el interbloque Provincias Unidas, mediante una nota encabezada por Maximiliano Ferraro.
Ferraro sostuvo que la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales no puede avanzar sin “debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”.
Los firmantes invocaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar participación pública en decisiones con impacto ambiental significativo. El artículo 20 de la Ley de Ambiente establece la institucionalización de audiencias para actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente.
Inicialmente, el oficialismo no contemplaba esa instancia. Pero ante la fragilidad numérica, decidió incorporarla antes del dictamen previsto para el 11 de marzo.
Una tensión constitucional de fondo
La discusión trasciende la coyuntura legislativa. El proyecto reabre la tensión entre el artículo 124 de la Constitución —que otorga a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales— y el artículo 41, que faculta a la Nación a fijar presupuestos mínimos ambientales.
La reforma aprobada en el Senado prioriza el rol provincial. Para sectores ambientalistas, ese cambio podría implicar una regresión normativa y derivar en planteos judiciales.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca imprimir velocidad al trámite parlamentario. En comisiones, el oficialismo tiene margen para dictaminar. En el recinto, en cambio, la historia podría ser distinta.
Con el RIGI como telón de fondo y la presión de gobernadores mineros en aumento, la votación en Diputados se encamina a una definición ajustada, atravesada por intereses territoriales y divisiones internas.