El gobierno aplicó multas millonarias a gremios del transporte por el paro
El Gobierno nacional dispuso sanciones económicas millonarias contra dos de los principales gremios del transporte luego de su participación en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 19 de febrero.
La administración del presidente Javier Milei resolvió aplicar multas a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al sindicato ferroviario La Fraternidad por incumplir conciliaciones obligatorias que se encontraban vigentes al momento de la medida de fuerza.
Según se informó oficialmente, las sanciones ascienden a $70.000 millones para la UTA y a $20.000 millones para La Fraternidad.
Las multas del Gobierno tras el paro de la CGT
La decisión fue ejecutada por la Secretaría de Transporte, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello.
Desde el Ejecutivo explicaron que ambos sindicatos participaron del paro general pese a que existían conciliaciones obligatorias dictadas previamente por las autoridades laborales.
Las conciliaciones obligatorias vigentes
En el caso de la UTA, la conciliación obligatoria había sido establecida el 10 de febrero y debía extenderse hasta el 26 del mismo mes.
Para el sindicato ferroviario La Fraternidad, el procedimiento había sido dispuesto el 4 de febrero y también se encontraba vigente al momento del paro.
A pesar de ese marco legal, ambas organizaciones decidieron adherir a la protesta convocada por la CGT, lo que derivó en la decisión del Gobierno de aplicar sanciones económicas de gran magnitud.
La respuesta de los gremios
Desde la UTA rechazaron la sanción y calificaron la medida como una decisión de carácter político.
Mario Caligari, secretario de Prensa del gremio, sostuvo que la sanción carece de fundamentos legales. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política”, afirmó.
El dirigente también argumentó que la organización no incumplió la conciliación obligatoria debido a que el paro general no estaba vinculado con el conflicto salarial que motivó esa instancia de negociación. Además, remarcó que la medida de fuerza fue convocada por la CGT y que el gremio solo se adhirió.
Por su parte, Omar Maturano, líder del sindicato ferroviario La Fraternidad, señaló que aún no fueron notificados formalmente de los sumarios y pidió esperar definiciones antes de adoptar una postura pública más firme.
Un conflicto que podría escalar
El enfrentamiento entre el Gobierno y los sindicatos del transporte se produce en un contexto de fuerte tensión entre la Casa Rosada y el movimiento sindical.
Uno de los puntos centrales del conflicto está vinculado con la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo. Entre los cambios propuestos figura una limitación al derecho de huelga que, según algunos sectores, podría restringir la paralización de actividades a un máximo del 25% de una actividad considerada esencial.
La Confederación General del Trabajo anticipó que buscará frenar esa iniciativa en la Justicia al considerar que podría resultar inconstitucional. Hasta el momento, los tribunales no se han expedido sobre ese planteo.