Política Por: Juan Manuel Villarreal08 de abril de 2026

Ley de Glaciares: Qué se discute y por qué es clave

Reforma caliente en el Congreso de la Nación: el Gobierno de Milei busca flexibilizar la Ley de Glaciares. Claves, riesgos y qué está en juego.

La Cámara de Diputados debate este miércoles desde las 15 una reforma de la Ley de Glaciares que podría cambiar de forma significativa el esquema de protección ambiental en la Argentina.

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El proyecto, impulsado por el oficialismo y respaldado por gobernadores de provincias mineras como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, apunta a flexibilizar restricciones para habilitar inversiones en minería e hidrocarburos.

La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para promover grandes proyectos productivos.

Qué dice la ley actual

La normativa vigente, sancionada en 2010, establece un principio claro: los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua y deben ser protegidos.

Qué prohíbe hoy

  • Actividades mineras e hidrocarburíferas
  • Instalación de industrias
  • Obras que afecten el hielo o el agua
  • Manejo de sustancias contaminantes

Además, creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que releva estos cuerpos de hielo en todo el país.

Cuántos glaciares hay en Argentina

Según el inventario oficial, en el país hay 16.968 cuerpos de hielo que cubren unos 8.484 km².

La mayoría está en la Cordillera de los Andes y cumplen un rol clave como reserva de agua dulce, alimentando ríos y ecosistemas incluso a cientos de kilómetros.

Qué cambia con el nuevo proyecto

El punto central de la reforma es un cambio de enfoque: de una protección amplia a un sistema más flexible y selectivo.

Los cambios clave, uno por uno

  • Protección selectiva: Solo se resguardarán plenamente los glaciares considerados esenciales para el abastecimiento de agua.
  • Fin de la protección automática: El ambiente periglacial dejará de estar protegido por defecto y dependerá de evaluaciones específicas.
  • Habilitación de actividades: Se permitirá avanzar con minería e hidrocarburos si los proyectos superan estudios de impacto ambiental.
  • Más poder para las provincias: Cada provincia decidirá qué zonas proteger y cuáles habilitar, además de aprobar los estudios ambientales.
  • Menor rol científico: El Inventario Nacional de Glaciares pierde peso como herramienta vinculante y el control pasa a jurisdicción provincial.

Por qué los glaciares son estratégicos

Los glaciares funcionan como “tanques naturales” de agua: almacenan hielo y lo liberan de manera gradual, especialmente en épocas de sequía.

Este sistema es clave para:

  • El consumo humano
  • La producción agrícola
  • La biodiversidad
  • El equilibrio de ecosistemas

Estudios recientes advierten que estos cuerpos de hielo están en retroceso por el cambio climático, lo que vuelve más sensible cualquier modificación en su protección.

El punto más polémico del proyecto

Uno de los aspectos más debatidos es que las provincias pasen a definir qué glaciares proteger.

Especialistas advierten que esto podría entrar en tensión con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso debe fijar presupuestos mínimos de protección ambiental.

El cambio implicaría que el “piso” de protección deje de ser nacional y pase a depender de cada jurisdicción, lo que podría generar conflictos por el acceso al agua.

Posturas enfrentadas: Lo que dice el Gobierno

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca: “Ordenar” el marco legal, evitar interpretaciones arbitrarias, destrabar inversiones frenadas. 

Lo que advierten organizaciones y expertos

Sectores ambientales y científicos alertan que: Puede implicar una “regresión ambiental”, debilita la protección del agua, podría vulnerar acuerdos internacionales como el de Escazú.

La discusión en Diputados no es solo técnica: define cómo se administrarán recursos estratégicos como el agua en un contexto de cambio climático y creciente demanda productiva.

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El resultado de la votación marcará el rumbo de uno de los debates más sensibles entre desarrollo económico y protección ambiental en la Argentina.

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