Contrarreloj en la Rosada por el millonario giro a las universidades
El Gobierno nacional enfrenta una cuenta regresiva decisiva. Este viernes a las 9:30 vencerá el plazo judicial para que la administración de Javier Milei cumpla con la actualización de salarios y becas universitarias contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, una obligación que implica transferir alrededor de $2,5 billones a las casas de altos estudios de todo el país.
La decisión judicial dejó a la Casa Rosada con escaso margen de maniobra. Mientras el oficialismo prepara una presentación de último momento ante la Corte Suprema, en el sistema universitario advierten que el incumplimiento podría profundizar un conflicto que ya escaló a los tribunales y amenaza con nuevas movilizaciones en todo el país durante mayo.
Un plazo que pone presión sobre la Casa Rosada
La resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de los artículos que obligan al Ejecutivo a recomponer partidas destinadas a salarios docentes y no docentes, además de actualizar los programas de becas estudiantiles.
Según trascendió en despachos oficiales, el principal problema del Gobierno es financiero. En Balcarce 50 reconocen que reunir semejante monto en un contexto de fuerte ajuste fiscal podría impactar de lleno sobre la meta de superávit que el Ministerio de Economía convirtió en una bandera política desde el inicio de la gestión libertaria.
El fallo dejó en una situación delicada al jefe de Gabinete, que deberá definir cómo instrumentar una eventual transferencia mientras el Ejecutivo intenta evitar que el desembolso altere el esquema de cuentas públicas.
La última jugada ante la Corte Suprema
Frente al vencimiento del plazo, el oficialismo apuesta a un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga antes de que se concrete el pago. La estrategia busca que el máximo tribunal revise la cautelar que ratificó la obligación del Estado de cumplir con la norma.
Qué busca el Gobierno
La presentación oficial apunta a que la Corte conceda efecto suspensivo al recurso para frenar la transferencia inmediata de fondos. Sin embargo, especialistas en derecho administrativo sostienen que la jurisprudencia reciente del máximo tribunal no suele avanzar sobre medidas cautelares de este tipo en plazos tan breves.
En el ámbito universitario consideran que la posibilidad de que la Corte suspenda la ejecución del fallo antes del vencimiento es reducida. Por eso, muchas universidades ya analizan escenarios ante un posible incumplimiento del Ejecutivo.
El deterioro salarial en las universidades
Uno de los principales argumentos que sostuvo la Justicia para ratificar la cautelar fue el deterioro del poder adquisitivo del personal universitario.
De acuerdo con datos del Consejo Interuniversitario Nacional, los salarios docentes y no docentes acumulan una pérdida real cercana al 32% desde diciembre de 2023, producto de aumentos que quedaron muy por debajo de la inflación.
Además, las transferencias destinadas al funcionamiento de las universidades registraron una caída real superior al 45%, lo que encendió alarmas entre rectores, gremios y centros de estudiantes.
El impacto en las casas de estudio
Rectores de distintas universidades nacionales vienen advirtiendo que muchas instituciones comenzaron a resentir servicios esenciales por falta de fondos:
- mantenimiento edilicio
- programas de investigación
- becas de asistencia
- insumos para laboratorios
- servicios básicos
Desde el sistema universitario señalan que la situación ya dejó de ser solo presupuestaria para transformarse en un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El conflicto puede escalar en las calles
Ante la falta de respuestas oficiales, gremios universitarios, federaciones estudiantiles y autoridades académicas ya anticiparon nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no acata la resolución.
Durante esta semana varias universidades realizaron vigilias, clases públicas y actividades abiertas para visibilizar el reclamo. El Frente Universitario ya analiza una movilización nacional para la primera quincena de mayo si la transferencia no se concreta dentro del plazo fijado por la Justicia.
Un desafío para el plan económico de Milei
El pago de $2,5 billones representa una cifra de fuerte impacto para el esquema fiscal del Gobierno. Economistas advierten que un desembolso de esa magnitud podría complicar el equilibrio financiero que el oficialismo exhibe como uno de sus principales logros.
La discusión ya no pasa solo por el financiamiento universitario. En la Casa Rosada saben que el desenlace de este conflicto puede convertirse en un antecedente político y judicial para otros reclamos por partidas retenidas en distintas áreas del Estado.