El Gobierno da marcha atrás y reabre la sala de prensa en Casa Rosada
Tras una semana de fuerte tensión con el periodismo, el Gobierno nacional resolvió reabrir la sala de periodistas de la Casa Rosada a partir del lunes 4 de mayo. La medida se da en un contexto de creciente presión judicial y política por el cierre del espacio, que había sido dispuesto días atrás sin comunicación formal previa.
En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni retomará ese mismo día sus conferencias de prensa habituales, con una convocatoria prevista para las 11 de la mañana y con acceso nuevamente habilitado para los acreditados.
La decisión en medio del frente judicial
La reapertura se produce en un momento sensible para el Ejecutivo. En las últimas horas, creció la preocupación dentro del Gobierno ante la posibilidad de que la Justicia dicte una medida cautelar contra el cierre de la sala.
El amparo que aceleró la definición
El expediente fue impulsado por Ámbito y tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo de Walter Lara Correa. La presentación incluyó un pedido de cautelar urgente para restituir el acceso a periodistas acreditadas que habían sido bloqueadas.
En la demanda se sostiene que la decisión oficial fue “ilegítima y arbitraria” y que vulnera derechos constitucionales, entre ellos la libertad de prensa, el derecho a trabajar y el acceso a la información pública.
Con ese escenario en análisis, en la Casa Rosada evaluaron que el costo político de reabrir el espacio por decisión propia era menor que hacerlo por una orden judicial.
Cómo fue el cierre y la explicación oficial
La sala de prensa había sido clausurada el 23 de abril, luego de que Casa Militar presentara una denuncia por presunto espionaje ilegal contra un equipo periodístico que difundió imágenes grabadas dentro del edificio.
Argumentos del Gobierno
Desde el oficialismo justificaron la medida en la necesidad de reforzar los controles de seguridad. El secretario de Comunicación, Javier Lanari, señaló que la decisión de retirar las huellas dactilares a periodistas acreditados fue preventiva.
Durante los días de cierre, los trabajadores de prensa debieron continuar su cobertura desde bares y espacios cercanos a Plaza de Mayo, sin acceso al edificio gubernamental.
Rechazos, apoyos y debate político
La medida generó una fuerte reacción en el ámbito periodístico y político. Organizaciones como ADEPA, FOPEA y AEDBA manifestaron su rechazo, al igual que dirigentes de la oposición y referentes de la sociedad civil, que advirtieron sobre el impacto en la libertad de expresión.
También hubo pronunciamientos desde la Iglesia. El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, mantuvo encuentros con periodistas acreditados y pidió abrir canales de diálogo para encauzar el conflicto.
Iniciativas en el Congreso
En paralelo, la senadora Carolina Moisés presentó un proyecto de ley para garantizar la existencia de salas de prensa institucionales permanentes en los tres poderes del Estado.
La iniciativa busca impedir la eliminación masiva de acreditaciones y establece que cualquier restricción de acceso debe ser individual, fundada y sujeta a revisión judicial.
Un escenario de tensión que sigue abierto
La reapertura de la sala de prensa marca un giro en la postura oficial tras una semana de conflicto, pero el escenario sigue atravesado por tensiones entre el Gobierno y el periodismo.
Con la causa judicial en trámite y el debate político en curso, la relación entre la Casa Rosada y los medios vuelve a quedar en el centro de la agenda.