El negocio detrás del vapeo: la Legislatura bonaerense desafía la jugada de la Casa Rosada
La avanzada del gobierno de Javier Milei para habilitar la comercialización de vapeadores y productos de nicotina ya encontró un foco de resistencia en la provincia de Buenos Aires. En la Legislatura bonaerense empezaron a multiplicarse proyectos para limitar o directamente prohibir los cigarrillos electrónicos, en abierta contradicción con la Resolución 549/2026 de la Secretaría de Salud y la ANMAT, que eliminó las restricciones nacionales vigentes desde 2011.
La iniciativa que más ruido generó en los últimos días fue presentada por la titular del bloque UCR-Unión Cívica Radical en Diputados, Alejandra Lordén, quien propuso prohibir en territorio bonaerense la venta, distribución, almacenamiento comercial, importación y publicidad de vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina “con independencia de la habilitación que pudiera otorgar la autoridad sanitaria nacional”.
La movida radical impacta de lleno sobre el esquema impulsado por la Casa Rosada, que busca regular el negocio del vapeo bajo el argumento de que la prohibición “fracasó” y favoreció el mercado ilegal. En los fundamentos de la normativa nacional, el Ejecutivo sostuvo que el consumo juvenil no se redujo pese a las restricciones y citó datos del Observatorio Argentino de Drogas de SEDRONAR: el 35,5% de los estudiantes secundarios de entre 13 y 17 años consume vapeadores o cigarrillos electrónicos.
La pelea bonaerense contra el vapeo
El proyecto de Lordén toma justamente esa estadística para justificar una ofensiva más dura. Según planteó la diputada radical, las estrategias comerciales de las empresas están orientadas especialmente a captar adolescentes a través de redes sociales, plataformas digitales e influencers.
Por eso, además de bloquear la comercialización, la iniciativa prohíbe cualquier acción publicitaria o de patrocinio vinculada a vapeadores y bolsas de nicotina en plataformas de streaming, aplicaciones móviles y sitios de comercio electrónico cuando el destino final sea la provincia de Buenos Aires.
La propuesta también establece un esquema de sanciones severas. Para infracciones consideradas graves prevé multas de hasta 100.000 Unidades Fijas y clausuras temporarias. En casos de venta a menores de 18 años, las penalidades podrían llegar al millón de UF, con clausura definitiva e inhabilitación comercial por cinco años.
Además, el proyecto contempla la creación de un Registro Provincial de Infractores y habilita a los ministerios bonaerenses de Salud y Producción a decomisar y destruir mercadería sin derecho a indemnización. A los intendentes, en tanto, les delega facultades de control sobre comercios de cercanía.
En paralelo, otro expediente ingresado esta semana a la Cámara baja por el bloque Fuerza Patria busca restringir el uso de cigarrillos electrónicos y productos derivados del tabaco en plazas, parques, ramblas, ciclovías y espacios recreativos al aire libre de la provincia. La iniciativa también alcanza patios y accesos de escuelas y hospitales.
Según pudo reconstruir este medio, en la Legislatura empieza a consolidarse un clima de rechazo a la flexibilización impulsada por Nación, incluso entre sectores políticos que suelen votar divididos.
El trasfondo político y el vínculo con Philip Morris
La regulación nacional quedó envuelta además en cuestionamientos políticos por el presunto lobby detrás de la medida. En la Casa Rosada sostienen que el nuevo esquema apunta a “ordenar” el mercado mediante controles sanitarios, trazabilidad y límites sobre sabores, ingredientes y concentración de nicotina.
La Disposición 2543/2026 de la ANMAT creó un Registro de Productos de Tabaco y Nicotina que incluye dispositivos electrónicos, líquidos, sticks de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. También mantuvo la prohibición de cigarrillos electrónicos descartables y fijó restricciones sobre aromatizantes y publicidad orientada a menores.
Sin embargo, especialistas en salud cuestionaron el cambio de paradigma. La médica neumonóloga Cristina Borrajo, expresidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, advirtió en una entrevista reciente que “la evidencia científica disponible demuestra que estos dispositivos producen daño en la salud de las personas y en el medio ambiente, y que su comercialización favorece la aparición de nuevos consumidores, especialmente entre niños, niñas y adolescentes”.
“La nicotina es una sustancia altamente adictiva y estos productos se promocionan bajo la falsa premisa de ‘daño reducido’”, sostuvo la especialista. Y agregó: “La solución no puede ser ‘permitir porque no podemos controlar’. En salud pública, el riesgo no se gestiona: se evita”.
En ese contexto, también crecieron las sospechas sobre la participación del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien antes de desembarcar en el gobierno libertario trabajó como “Gerente Senior de Asuntos Externos” de Philip Morris International.
Según trascendió en ámbitos parlamentarios, el oficialismo nacional buscaría avanzar más adelante con una ley para consolidar la regulación del sector y reducir la carga impositiva que pagan las tabacaleras. De prosperar las iniciativas impulsadas en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país podría transformarse en un límite concreto para el negocio que intenta habilitar la administración de Javier Milei.