La desregulación inmobiliaria abre otro frente para Milei en la provincia de Buenos Aires
La posible desregulación del mercado inmobiliario que impulsa el Gobierno nacional abrió un nuevo frente con los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires. Aunque el proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense ya activó contactos políticos para intentar frenar una reforma que, según advierte, podría afectar la seguridad jurídica, multiplicar maniobras irregulares y desproteger a propietarios, inquilinos y compradores.
El presidente de la entidad, Luis Eusebio Colao, encabezó una reunión con Sergio Massa junto al vicepresidente Alfredo Lavalle y el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco. El encuentro tuvo como eje la preocupación por la agenda del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que viene promoviendo cambios en distintas actividades profesionales.
Tras esa reunión, Colao endureció el tono. En una entrevista reciente, calificó la iniciativa como un retroceso de más de tres décadas y la vinculó con las reformas impulsadas durante el menemismo. “Sturzenegger está planteando una discusión que se dio hace 35 años. El 31 de octubre de 1991, el que era en ese momento ministro Domingo Cavallo promulgó lo que se llamó el decreto 2484 de desregulación”, señaló.
Para el titular del Colegio, la idea de que “cualquiera pudiera hacer cualquier cosa” ya fue discutida y rechazada en distintos planos institucionales. Por eso, desde la entidad sostienen que una ley nacional no debería avanzar sobre facultades provinciales vinculadas a la regulación de profesiones liberales, entre ellas la matriculación y el control disciplinario.
Matrícula, controles y riesgo de estafas
Entre los puntos que circulan en torno a la eventual reforma aparecen la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer como corredor inmobiliario, el fin de la exigencia de título universitario específico, la habilitación para que personas físicas y jurídicas realicen tareas de intermediación, la liberalización de honorarios y comisiones, el uso pleno de plataformas digitales y la eliminación de restricciones jurisdiccionales para operar en distintas provincias.
Desde el Gobierno nacional, la orientación general de la propuesta se apoya en la idea de ampliar la competencia, reducir costos y facilitar nuevas formas de intermediación inmobiliaria. En la vereda opuesta, los colegios profesionales advierten que detrás de cada operación hay responsabilidad patrimonial, contractual y documental, y que la ausencia de controles puede dejar al ciudadano sin respaldo ante conflictos o fraudes.
Colao puso el acento en situaciones que, según describió, ya aparecen en el mercado actual, especialmente en alquileres. Mencionó casos en los que se pide una reserva o una seña por inmuebles que luego no existen o cuyas condiciones no coinciden con lo prometido. “Con las estafas, fundamentalmente el tema de alquileres, donde le piden una reserva a alguien, una seña, después el inmueble no existe, después no son las condiciones”, advirtió.
El dirigente agregó que ese tipo de maniobras podría crecer si se elimina la obligación de actuar bajo matrícula y control profesional, porque “atrás no hay alguien que responda a esa acción”.
La preocupación no se limita a los martilleros. Otros colegios profesionales también miran con inquietud la agenda desreguladora. Marina Mongiardino, titular del Colegio de Abogados de La Plata, graficó el riesgo de quitar controles sobre actividades sensibles: “Imagínate lo que sería médicos, arquitectos o abogados sin un control… Eso desprotege al ciudadano porque no sabe con quién está contratando ni qué hay detrás de cada profesional”.
Massa y el respaldo opositor
La reunión con Massa agregó volumen político a una discusión que venía concentrada en el plano técnico y sectorial. Desde Martilleros BA informaron que el líder del Frente Renovador coincidió con la postura de la entidad y se comprometió, en lo personal y junto a su espacio, a acompañar a los profesionales ante una eventual avanzada legislativa.
Colao valoró el encuentro y aseguró que el Frente Renovador podría acompañar el reclamo tanto en la Legislatura bonaerense como en el Congreso. “La reunión fue muy positiva porque él concuerda con nuestra visión y los bloques estarían contestes con esto, acompañando nuestro reclamo”, afirmó.
Desde la entidad también remarcaron que Massa destacó la importancia de los colegios profesionales como organismos de protección y contención frente a distintas modalidades de estafas. La señal no resulta menor: si el proyecto finalmente entra al Parlamento, la resistencia ya no quedaría sólo en manos de los colegios, sino que empezaría a articularse con sectores de la oposición.
El Colegio identifica además un interés de franquicias y nuevos actores del negocio inmobiliario por saltar controles provinciales y operar con menos restricciones. En el ecosistema proptech, en cambio, hay voces que defienden una apertura del mercado y sostienen que la tecnología, la trazabilidad digital y los sistemas de reputación online podrían ofrecer mecanismos alternativos de control.
Por ahora, el texto definitivo no fue presentado y tampoco está claro por cuál cámara ingresaría. Pero los martilleros bonaerenses ya se declararon en alerta y buscan anticiparse a la discusión parlamentaria. Colao cerró con una cifra para dimensionar el peso del sector: “Somos más de 12.000 profesionales en la provincia de Buenos Aires que estamos dando trabajo directo o indirecto a más de 200.000 familias”.