Política Por: Juan Manuel Villarreal22 de julio de 2026

La Libertad Avanza presentó un proyecto para cobrar salud y universidad a extranjeros

La iniciativa fue impulsada por el diputado bonaerense Agustín Romo y cuenta con respaldo de legisladores libertarios y del PRO. Propone arancelar prestaciones sanitarias y estudios de grado en instituciones provinciales para extranjeros que no acrediten residencia permanente.

Legisladores de La Libertad Avanza presentaron en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para arancelar el uso de hospitales públicos provinciales y universidades estatales de la Provincia a ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país.

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La iniciativa fue impulsada por el diputado Agustín Romo y cuenta con el acompañamiento de integrantes de su bloque y legisladores del PRO. El texto plantea la creación de un régimen de cobro para prestaciones sanitarias y estudios de grado, con el argumento de ordenar el uso de los recursos públicos bonaerenses.

El proyecto tomó estado parlamentario en un contexto atravesado por la discusión pública posterior al Mundial 2026 y las críticas contra la Argentina en redes sociales. Romo vinculó la presentación con ese clima político, aunque el articulado se centra en el criterio migratorio de residencia permanente.

Qué propone el proyecto

En materia sanitaria, la iniciativa establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban en hospitales públicos de la Provincia. El pago podría realizarse por cuenta propia, a través de un seguro de salud o mediante un tercero obligado.

Para las prestaciones habituales o programadas, el proyecto prevé que la persona alcance a acreditar cobertura o cancelar el arancel antes de recibir la atención. El cobro se canalizaría mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), que ya funciona en el ámbito provincial.

Según el texto, los fondos recaudados ingresarían al Fondo Provincial de Salud del SAMO y deberían destinarse a la compra de insumos, equipamiento, medicamentos, obras de infraestructura y mejoras en la capacidad operativa de los hospitales públicos.

Emergencias y excepciones

El proyecto establece que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de urgencia o emergencia con riesgo para la vida. En esos casos, el eventual recupero del costo se tramitaría recién después de estabilizar al paciente.

También quedan exceptuadas del cobro las víctimas de trata de personas y las acciones de prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria, por razones de salud pública.

Alcance sobre universidades provinciales

En el plano educativo, la propuesta obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar retribuciones para los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros sin residencia permanente.

Cada casa de estudios debería definir los montos, las formas de pago y los mecanismos de actualización dentro de sus competencias. En la Provincia, el alcance directo se concentraría sobre universidades de gestión estatal bonaerense, como la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Provincial de Ezeiza.

El texto también abre interrogantes sobre programas de articulación territorial como Puentes, que funciona con sedes en municipios del interior y carreras vinculadas a distintas universidades, aunque la iniciativa no precisa cómo impactaría en esos casos.

Transparencia y aplicación

La iniciativa incorpora una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud bonaerense y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos, sin incluir datos personales.

El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación del capítulo sanitario, mientras que cada universidad aplicaría el régimen educativo según su normativa interna. Además, el proyecto invita a los municipios con establecimientos de salud propios a adherir al esquema.

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Si la ley fuera aprobada, el Poder Ejecutivo bonaerense tendría 90 días corridos desde su publicación para reglamentarla, definir el nomenclador arancelario y fijar las reglas de facturación. Las universidades provinciales contarían con el mismo plazo para adecuar sus normas internas.

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