La alcaldesa de Guayaquil insistio con su pedido para sacar las carceles de la ciudad

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, revivió hoy la oferta al Gobierno de Ecuador de ceder terrenos fuera de la ciudad para trasladar las cárceles ubicadas dentro de la ciudad como una forma de evitar situaciones de peligro que atraviesan quienes viven en la zona, ante la serie de ataques vinculados a las bandas en los penales y los reiterados motines y enfrentamientos internos.
A inicios de septiembre, Viteri ya había hablado de la posibilidad de construir un reclusorio en una de las islas que están dentro de la jurisdicción de Guayaquil para sacar la Penitenciaría del Litoral de los límites urbanos.
En la ciudad hay otras cuatro cárceles: la Regional; la de máxima seguridad conocida como La Roca; la de mujeres; y el Centro de Detención Provisional (CDP).
“Es sacar el peligro de Guayaquil. La ciudad se comió al centro de detención. ¿Por qué se la comió a la Penitenciaría del Litoral? Porque antes era lejos y ahora la ciudad creció y ya quedó en medio. Y las balas llegan a las casas de las personas que viven alrededor. Y tenemos ahí una bomba latente. ¿Qué es lo ideal? Sacar las cárceles de la ciudad”, insistió la funcionaria en declaraciones radiales que recogió el sitio del diario El Universo.
“Les damos el terreno necesario y tenemos el contacto con quien administra cárceles de la mejor manera para que ustedes puedan sacar y dejar libre a Guayaquil de cárceles”, recalcó Viteri, que hasta esbozó la chance de un comodato por 100 años.
En septiembre, Viteri había propuesta usar alguna isla abandonada de las cercanas a Guayaquil para levantar ahí los penales, en base a recomendaciones de expertos en seguridad israelíes.
Décadas pasadas funcionó en la islas Galápagos una cárcel a cielo abierto, desde 1946 y por 13 años, y medios ecuatorianos detallan que unos 300 presos fueron llevados a cumplir sus penas a ese lugar.
Esa Colonia Penal de la Isla Isabela fue implementada durante la presidencia de José María Velasco Ibarra.
Hace meses que el Gobierno trabaja en un plan para los 36 centros de rehabilitación social que existen en el país, y que acogen a 32.600 presos.
En 2021 y 2022, motines, choques de bandas enfrentadas e intentos de fuga dejaron en el país un total de más de 400 muertos, lo que empujó al gobierno a dictar varias veces el estado de excepción en algunas regiones. (Télam)