La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no halló indicios en Perú de que los manifestantes que colman las calles del país desde la caida del presidente Pedro Castillo respondan a "algún tipo de organización", como afirma el Gobierno de Dina Boluarte.
"No encontramos algo que dijera que están respondiendo a algún tipo de organización, sino una manifestación auténtica de un descontento por el abandono que esa región (Puno) ha tenido históricamente", dijo el jefe de la comitiva de la CIDH, Stuardo Ralón, a quien le tocó visitar Juliaca, la ciudad que más muertos acumula por represión estatal desde que asumió Boluarte.
Para Ralón, lo que hay en Juliaca es "una manifestación auténtica por el abandono" que vive la ciudad, a la que la clase política ofrece "muchas cosas" en épocas electorales pero "posteriormente no cumple".
"Sigue siendo una región (que) pareciera estar muy desconectada, digamos en un nivel de pobreza muy distinto al que (...) uno encuentra en la capital”, contó Ralón citado por el diario peruano La República.
Agregó que en lugar de ver “manipulación” por parte de “elementos externos”, vio “mucho dolor y tristeza” en la gente.
También percibió “un ambiente de estigmatización generalizada”, en el que se “pretende indicar que todas las personas que pueden estar manifestando su inconformidad podrían ser calificadas como terroristas", apelando a un recurso discursivo que invalida a los manifestantes arbitrariamente, quitándole su condición de humano y volviéndolo un objetivo de la insurgencia a eliminar.
“Lo que hay en el ambiente es una generalización en el discurso, en las declaraciones de algunos funcionarios que alimentan un ambiente de molestia, indignación, que no ayudan a pacificar la situación, sino alimentan la violencia”, afirmó Ralón en contraposición al discurso del Gobierno.
Desde el inicio de las protestas que reclaman la salida de Boluarte, la disolución del Congreso y elecciones anticipadas, la narrativa del Gobierno ha sido que los manifestantes son manipulados desde el exterior y se llegó a acusar al expresidente de Bolivia Evo Morales de injerencista.
Tanto Boluarte como su primer ministro, Alberto Otárola, insisten, sin pruebas, en que se “ingresó armamento desde Bolivia” para equipar a los manifestantes.
En este contexto, el 11 de enero llegó la comisión de la CIDH.
Además de Ralón, llegaron al país andino el comisionado Joel Hernández, la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, cooperación técnica y capacitación, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca.
El grupo se dividió para visitar Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco. (Télam)