La Policía Nacional de Paraguay destituyó hoy al jefe de Gabinete de Interpol en ese país, luego de que se descubrieran irregularidades en el levantamiento de la alerta roja que pesaba sobre el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia paraguaya por narcotráfico.
"La Policía Nacional informa que en seguimiento a la intervención del Departamento de Interpol OCN Asunción, la Directora Interina de la Dirección Científica y Técnica Crio. Ppal. MCP. María Rossana Chávez Leal, resuelve reemplazar al Jefe de Gabinete Comisario MGAP. Rodolfo Olivier Fernández Almada por Resolución N.° 14/2023 firmada el día de la fecha nombrando al Comisario MGAP. Víctor Hugo Flores Montiel como Jefe de Gabinete del Departamento de Interpol", publicó la fuerza en sus redes, según la agencia de noticias Sputnik.
La decisión surgió por las sospechas de que un integrante de Interpol ocultó las alertas rojas, permitiendo así que la pareja del prófugo, Gianina García Troche, y José Estigarribia, un exfuncionario de la Fiscalía paraguaya, pudieran regresar a Paraguay sin ser detectados.
Hasta esa tarde, la fuerza no había logrado identificar al agente que habría ocultado las notificaciones de captura y la institución señaló que no puede verificarlo, ya que estas se encuentran activas nuevamente.
Para esclarecer el hecho, Interpol Paraguay solicitó informes a la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal, con sede en Francia.
Marset, de 32 años, es buscado en todo el mundo por tráfico de drogas y lavado de dinero, según la alerta roja de Interpol emitida el 3 marzo de 2022 a pedido de Paraguay.
Considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), Marset logró escapar el 29 de julio, cuando la Policía boliviana intentó capturarlo en la casa en la que vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, junto a su mujer y sus cuatro hijos.
El prófugo logró ocultarse en Bolivia desde 2019 usando tres identidades, incluyendo su nombre real, además de una boliviana (Gabriel De Souza Beumer) y otra brasileña, Luis Paulo Amorín Santos.
Su peligrosidad está vinculada con las actividades que desarrollaría como narcotraficante y es buscado en numerosos países.
Por otra parte, Javier Benech, vocero del fiscal general de Uruguay, Juan Gómez, afirmó que el Ministerio Público "no negocia con narcotraficantes", en relación con un eventual acuerdo con Marset y su familia.
La declaración del funcionario se debe a que Marset, en una entrevista que concedió en la clandestinidad y fue emitida el domingo pasado por el Canal 4 de Montevideo, dijo que confiaba en la justicia uruguaya y pidió que su hermano Diego, su esposa Gianina y su cuñado Mauro García Troche tengan "garantías" para entregarse en Uruguay y ser juzgados allí.
"Lo que nosotros pretendemos es que sean enjuiciados en Uruguay, en su país", sostuvo el abogado uruguayo de Marset, Santiago Moratorio -también presente en la entrevista-, y señaló que la acusación a los parientes de su cliente es "aberrante, liviana y sin prueba de evidencia alguna".
Benech afirmó asimismo que los tres fiscales involucrados en el caso de Marset (Mónica Ferrero, de Estupefacientes; Enrique Rodrígez, de Lavado de Activos, y Diego Pérez, de Flagrancia) le dijeron que tuvieron contactos con Moratorio, quien expresó voluntad de acordar con los procuradores, pero aseguró que "no hay nada en concreto", según el Portal de Medios Públicos.
Por otra parte, el director de Investigaciones de la Policía, Juan Rodríguez, advirtió: "La opción es la detención y puesta a disposición con la Fiscalía especializada. A nivel policial no podemos negociar". (Télam)