La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renunció a la inmunidad presidencial apenas unas horas después de haber sido denunciada constitucionalmente junto a varios ministros por la fiscal general del país, Patricia Benavides, quien los señala por la muerte de civiles en las protestas antigubernamentales iniciadas a fines de 2022.
"La señora presidenta nos ha señalado en el Consejo de Ministerios y públicamente que renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia", manifestó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, a la emisora de radio Exitosa, según recogió la agencia de noticias Europa Press.
La fiscal Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por la muerte de manifestantes en la represión de las protestas contra su mandato y contra la detención del expresidente Pedro Castillo.
Tras la destitución de Castillo y la asunción en su lugar de Boluarte, el 7 de diciembre, se registraron manifestaciones casi a diario en varias regiones de Perú, sobre todo en el sur.
La represión de esas protestas le valió al Ejecutivo advertencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
La denuncia constitucional ante el Parlamento es "por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santiesteban y otros", dijo ayer Benavides en una alocución que compartió en redes sociales.
Benavides también denunció constitucionalmente al jefe del Gabinete de ministros Alberto Otárola, al extitular de Interior Vicente Romero y a otros funcionarios de la administración Boluarte.
La mandataria catalogó la denuncia de "deleznable maniobra" de la fiscal y consideró que intenta distraer la atención de la investigación en la que la funcionaria está incluida y que llevó incluso a que el Congreso de Perú la cite de urgencia para aclarar la situación.
Benavides hizo su denuncia horas después del arresto de su principal asesor, Jaime Villanueva, por una investigación que la señala como líder de una presunta red de corrupción que presionó para destituir a operadores de Justicia.
De acuerdo con la tesis preliminar, Benavides, Villanueva y otros funcionarios habrían influenciado de forma ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y en la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos.
Los fiscales supremos exigieron la renuncia de Benavides por las acusaciones de liderar una presunta organización criminal, mientras la fiscal consideró que los que iniciaron la investigación buscan entorpecer su tarea. (Télam)