La actual crisis de Perú muestra la urgente necesidad de reforzar el Estado de derecho en el país, señaló hoy la organización Human Rights Watch (HRW) al presentar su último informe sobre derechos humanos.
"La investigación rápida y exhaustiva de los homicidios ocurridos durante las protestas es un paso crucial", publicó HRW en Twitter junto al capítulo del informe dedicado a este país.
En el documento se repasan los últimos acontecimientos en Perú previo y posterior a la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) el 7 de diciembre, reemplazado por su vice, Dina Boluarte.
HRW destaca en su documento los cuatro estados de emergencia decretados en 2022 por Castillo "que implicaron la suspensión de derechos básicos y el despliegue de las fuerzas armadas en calles y rutas, bajo el argumento de combatir la criminalidad y en respuesta a una huelga".
También señala la decisión de Boluarte de declarar estado de emergencia por 30 días el 14 de diciembre, "suspendiendo algunos derechos fundamentales, como la libertad de reunión, autorizando allanamientos sin orden judicial y movilizando a las fuerzas armadas en 'apoyo' a la policía en el mantenimiento del orden público", ante las manifestaciones en su contra y la solicitud de elecciones anticipadas.
"Las normas peruanas relativas al uso de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad no cumplen con los estándares internacionales", alerta la organización, citada por la agencia de noticias Sputnik.
El informe sobre Perú también expresa la preocupación por la falta de independencia judicial en el país, la violencia hacia mujeres y niñas, las leyes que afectan los derechos de niños, la discriminación y violencia contra la comunidad LGBT+ y la situación de los migrantes y refugiados.
Desde la destitución de Castillo, un maestro rural de izquierda que llegó al Ejecutivo mediante el voto popular, Perú registra protestas en varios departamentos del país que hasta ayer dejaron al menos 41 fallecidos y más de 600 heridos.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
El Congreso aprobó a finales de diciembre, en primera votación, el adelanto de elecciones generales para abril de 2024, pero los manifestantes exigen que los comicios sean adelantados para este año.
El martes, la Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación contra la presidenta, el primer ministro, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones sociales en contra del gobierno. (Télam)