La ONG Amnistía Internacional (AI) concluyó hoy que la nueva propuesta constitucional de Chile, escrita en su mayoría por representantes de la derecha chilena, se trata de un texto que en “términos generales” contiene “amenazas” para el ejercicio de los derechos humanos.
“La nueva propuesta de constitución lamentablemente no garantiza que vayan a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, tampoco asegura igualdad y está lejos de poner fin a los abusos que tanto daño hacen a la sociedad. Por el contrario, la desprotección que generaría es realmente alarmante”, dijo el director ejecutivo de AI Chile, Rodrigo Bustos.
En el ámbito de la salud, la organización valoró que la propuesta incluya el concepto “integral” en la norma, pero alertó que se incorpore la libertad de elección entre entidades como Fonasa (Estado) e Isapres (privadas), sin incluir una norma que impida que la salud privada no discrimine en sus servicios.
“Chile es parte de diversas convenciones internacionales de derechos humanos que exigen al Estado que fiscalice y resguarde la prestación del servicio de salud, para esto debe establecer medidas que regulen y supervisen que terceros interfieran en el derecho a la salud. Este mandato queda totalmente desdibujado en la propuesta de nueva constitución”, indicó la ONG.
En pensiones, la organización repitió sus críticas: advierte que se limita a la libertad de elección entre administradoras privadas o estatal, “sin obligar a estas entidades a cumplir sus funciones libres de discriminación”.
También alertó por los derechos sexuales y reproductivos, en específico con la propuesta que establece el derecho a la vida de “quien está por nacer”.
“La palabra `quien´ puede significar una merma en el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al abrir espacio para que la ley actual de aborto en tres causales sea declarada inconstitucional”, repudió Amnistía.
Desde 2017, en Chile existe la ley de aborto en tres causales, la que despenaliza la interrupción del embarazo cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando existe inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
Además, la organización alertó que para garantizar derechos sociales se necesitan recursos, los cuales se ven en riesgo, ya que Chile recaudará “menos recursos de contribuciones y otros impuestos como lo plantea el texto que se plebiscitará en diciembre”.
“La propuesta constitucional exime de pagos de contribuciones (impuestos) a los inmuebles que constituyan la vivienda principal del propietario, lo cual parece ser un aspecto positivo para algunas personas, pero tiene dos problemas de fondo: beneficia principalmente a las personas con mayores recursos económicos e implica una considerable disminución de recaudación tributaria que permite financiar derechos sociales, especialmente para las personas con menores ingresos”, apuntó la organización.
“Tenemos el convencimiento de que Chile tiene que avanzar hacia mayor dignidad para todas las personas. El voto informado es una responsabilidad que debemos asumir porque una Constitución sienta las bases de un modelo de sociedad que vamos a tener por un periodo largo y sin duda repercute en la vida cotidiana”, concluyó Bustos.
Hace unos días, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió a manos del Consejo Constitucional la propuesta de nueva Constitución, escrita principalmente por constituyentes de derecha, que será votado en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre.
Esta propuesta de nueva Constitución generó roces entre el oficialismo y la derecha, ya que para el Gobierno significa un “retroceso” en algunas materias.
Los expresidentes de Chile ya se han manifestado por el texto, Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle han anunciado su postura de “a favor” del borrador, mientras que Michelle Bachelet y Ricardo Lago comunicaron su “en contra” del texto.
Este nuevo proceso constituyente se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de 2018.
La Constitución vigente data de la dictadura de Pinochet (1973-1990) y ha sido cuestionada durante años, particularmente por la izquierda, por considerar que perpetúa modelos arcaicos y la injusticia social.
Fue sometida a algunas reformas, la última de ellas en 2005, durante la administración de Ricardo Lagos (2000-2006). (Télam)