La Fiscalía de Guatemala pidió hoy el retiro de inmunidad de los diputados Aldo Dávila, del partido WINAQ, y Román Wilfredo Castellanos, del Movimiento Semilla, por la ocupación de la Universidad de San Carlos, el año pasado, en una protesta en contra del proceso de elección de las nuevas autoridades.
En un comunicado, el Ministerio Público advirtió que ambos cometieron posibles delitos de "usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición, todos en forma continuada", así como "tráfico de influencias y asociación ilícita".
La toma de la universidad fue una protesta iniciada en abril de 2022 contra el rector Walter Mazariegos por haber sido designado en el cargo a través de un proceso fraudulento, según denunciaron entonces varias asociaciones estudiantiles.
Las manifestaciones, a las que acudieron estudiantes, miembros de organizaciones civiles y políticos, se intensificaron en junio de este año cuando las instalaciones del campus fueron entregadas a las autoridades guatemaltecas, aunque entonces no acudió la representación oficial para el traspaso y el proceso se realizó a través de un notario.
En esta misma causa, la Fiscalía ya pidió la semana pasada la quita de la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y a la electa vice, Karin Herrera por los mismos motivos, una acción que fue condenada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El antejuicio también afecta a los diputados Carlos Barreda, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS); y Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, y a los legisladores electos Raúl Barrera, también de Semilla, y Adán Pérez, de WINAQ.
La Fiscalía ha emprendido distintas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a la formación política ganadora.
A una primera causa por supuestas afiliaciones irregulares sumó ahora ésta por la toma de la universidad.
Por orden del Ministerio Público, la Policía Nacional hizo varios allanamientos a viviendas de simpatizantes y afiliados de Semilla como parte de su investigación contra la formación por un presunto delito de lavado de dinero.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, e hizo oficial los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, que debe asumir el 14 de enero.
Arévalo denuncia un intento de golpe para impedir su jura, mientras tiene el apoyo de EEUU, la OEA y sectores campesinos y de pueblos originarios. (Télam)