Entrevista GLP: “Las cámaras de seguridad son una demanda de los gremios, los trabajadores y la gente”, dijo Domínguez Yelpo

-El asesinato del colectivero Daniel Barrientos en la zona oeste del AMBA volvió a poner el foco en la problemática de la inseguridad en el transporte público. Desde Espacio Abierto propusieron la creación de un mapa del delito del transporte que sirva, entre otros puntos, para desplegar una eficaz distribución de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se conformará?

El MAPA se va a conformar con de las denuncias efectuadas tanto en Comisarías de la Provincia de Buenos Aires como en las alertas del sistema 911, además de las radicadas por los trabajadores ante el gremio. Todo esto porque es sabido que existen muchos más delitos de los que son denunciados y se necesita de diversas fuentes para conformarlo.

-¿En qué estado está hoy la Ley 14.897, que es de su autoría y fue aprobada en diciembre de 2016, y que obliga a la colocación de cámaras de seguridad en los colectivos? ¿Se implementa en la provincia de Buenos Aires?

La Ley ya fue tanto reglamentada en su articulado, como definidas las características técnicas de las cámaras, durante la gestión de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad. Posteriormente, la Subsecretaría de Transporte emitió una resolución en el año 2021 estipulando plazos para el total cumplimiento de la norma, junto con un subsidio de alrededor de 2.500 millones de pesos que brindó el estado provincial.

Sin embargo, en lugar de haberse cumplimentado las 8.700 unidades existentes, menos de 1500 poseen cámaras, muchas de las cuales al no tener el chip correspondiente no reportan imágenes al centro de monitoreo, como establece el espíritu de la Ley sancionada.

-El ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo que el Gobierno de la provincia, en 2021, entregó 2500 millones de pesos para que las empresas de colectivos tengan cámaras. Usted señaló que con ese dinero sólo se equiparon 1300 unidades. ¿Qué pasó con el resto del dinero? ¿Hubo negligencia de ambas partes?

Lo que pasó con el resto del dinero no lo sabemos, por eso presentamos una solicitud de informes desde nuestro Bloque para que se esclarezca lo sucedido. La negligencia estuvo en ambos lados, de un lado por no cumplir la normativa, y del otro por no controlar el destino y la utilización de esos fondos específicamente asignados para una estructura de costos determinada.

-Usted como presidente de la Comisión de Transporte y dirigente de la UTA me imagino que mantiene diálogo con representantes del transporte público, sindicatos y trabajadores. ¿Es una de las mayores preocupaciones la desprotección a la hora de salir a la calle a trabajar,principalmente, en el Conurbano?

Apenas asumí en 2016 sancionar una Ley que establezca cámaras en los colectivos fue mi prioridad. Era una demanda del gremio y de los trabajadores, pero también de los pasajeros, para viajar más seguros. Por eso a fines de 2016 la Ley salió aprobada con el apoyo unánime de todos los bloques.

Se buscó una herramienta que fuese un paliativo para las zonas más calientes del conurbano, pero si no hay un Estado provincial que controle y vele por su cumplimiento, la ley por sí sola no alcanza.