Nueve militares uruguayos imputados por el crimen de un medico, ultimo asesinado de la dictadura

La Justicia de Uruguay formalizó en las últimas horas la imputación a nueve militares en una causa por el asesinato, en abril de 1984, del médico Vladimir Roslik, considerado el último detenido muerto por la dictadura.
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe detalló que la Justicia dispuso para los nueve militares varias medidas cautelares, entre ellas el uso de tobillera electrónica, la obligación de presentarse en una seccional policial semanalmente y la prohibición de salir del país.
De los 12 involucrados en esta causa, uno falleció, otro se encuentra grave y un tercero está procesado por una causa del Código Procesal Penal anterior.
Por eso no fue imputado Dardo Ivo Morales, quien realizó el interrogatorio de Roslik, y que actualmente representa a una firma china en negocios con la Armada.
La jueza entiende que en el caso de Morales hay litispendencia, un concepto jurídico que hace referencia a un juicio pendiente.
Ya está siendo juzgado por las detenciones de 1980, y recientemente fue procesado sin prisión, pero el fiscal Perciballe apeló porque considera que este caso incluye detenciones de 1984 que no forman parte de la otra investigación.
Ahora lo resolverá un Tribunal de Apelaciones, señalaron los sitios de El País y Teledoce.
El 17 de agosto último, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya desestimó un recurso de inconstitucionalidad que presentaron los involucrados, lo que habilitó que se fije una audiencia que tuvo lugar anoche.
El caso es por la detención y las torturas hasta matarlo a Roslik y otros vecinos de la localidad de San Javier, en Fray Bentos, en el tramo final de la dictadura que se extendió de 1973 a 1985.
La viuda de Roslik, el médico asesinado en un cuartel de Fray Bentos el 16 de abril de 1984, presenció la audiencia exhibiendo una foto de su esposo.
La jueza Selva Siri Thove le tipificó a nueve militares los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
El ministro de Defensa, Javier García, advirtió hoy que “el asesinato de Roslik fue uno de los crímenes más aberrantes”.
Reseñó, además, que “una de las personas imputadas había sido distinguida por el gobierno anterior del Frente Amplio" como titular del Supremo Tribunal Militar, y que a partir de un pedido de acceso a la información que lo vinculó al interrogatorio con torturas de Roslik, se le pidió "inmediatamente la renuncia".
La referencia es a Daniel Castellá, formalizado por delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad, quien durante los gobiernos del Frente Amplio fue jefe del Estado Mayor de la Defensa y luego presidente del Supremo Tribunal Militar hasta 2021, cuando fue cesado. (Télam)