Con información de Agencia de Noticias
Teléfonos, agendas, computadoras y documentación se llevaron los efectivos de la Policía Federal de un grupo de empresarios investigados junto al expresidente Alberto Fernández, en la trama de contratación de seguros durante su gestión que arrojaban millonarias comisiones para los involucrados.
El expresidente Alberto Fernández está más comprometido luego de ser imputado por presunta malversación de fondos públicos, pues ahora el juez federal Julián Ercolini allanó con intervención de Policía Federal varios domicilios de los demás involucrados en la denuncia.
Según la denuncia, desde la ANSES se contrataron seguros a través de Nación Seguros y con la intervención de brokers en préstamos que otorgaban a jubilados y pensionados; así como en el Ministerio de Seguridad para los miembros de las fuerzas de seguridad.
En ese sentido, fue imputado el ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano así como los brokers Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, este último marido de María Cantero, quien fuera secretaria privada del entonces presidente Alberto Fernández.
Los allanamientos fueron en los domicilios particulares así como en las oficinas de las personas denunciadas y se secuestraron teléfonos, agendas, discos rígidos y documentación que ahora será analizada por el magistrado.
Se trata de una medida ordenada por el juzgado sumada a las que solicitó el fiscal Ramiro González al impulsar la investigación a partir de una denuncia hecha por Silvina Martínez a partir de publicaciones periodísticas sobre la trama que se dio en la ANSES y el Ministerio de Seguridad y que permitía el pago de comisiones en ordene a los 300 millones de pesos mensuales.
En tanto, el Ministerio de Capital Humano también presentó una denuncia contra ex miembros del gabinete de Alberto Fernández por seguros contratados por la ANSES en préstamos a jubilados y pensionados, y donde iban acompañados por seguros de vida en caso de fallecimiento del mismo. Esta última también está en poder del juez Ercolini y el fiscal Ramiro González, en sus respectivas oficinas originarias, y en las próximas horas este último tendrá que dictaminar si impulsa o no la investigación.
