Con información de Agencia de Noticias
El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones administrados por 13 provincias, que complica la liquidación de los haberes, y anticipó que la provincia evalúa judicializar la medida.
El funcionario que responde al gobernador Maximiliano Pullaro, planteó que el decreto responde a "otra trastada del presidente" y puntualizó que "mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias".
Boasso hace referencia al DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, en el que el Gobierno instrumentó la decisión de dejar sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023.
La modificación se hace sobre las transferencias de ANSES “antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que los anticipos mensuales deben realizarse en base a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.
Al igual que en Santa Fe, la medida impacta en la provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
En una entrevista a La Capital de Rosario, el ministro provincial aseguró además que el DNU configura "una apropiación indebida de fondos".
En sintonía con la expuesto por Pullaro, el máximo referente de la seguridad social reclamó que “Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos”, y remarcó: “imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700 mil millones”.
"Hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio", pidió al tiempo que postuló la necesidad de "aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación".
Por último, que aseveró que “las Cajas de jubilaciones no son casta” sino "los aportes de los trabajadores durante su vida laboral" y advirtió que la provincia analiza recurrir a la vía judicial para frenar el recorte.
