Con información de Agencia de Noticias
En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que hasta el momento hubo 11 mil despidos, en tanto que señaló que el presidente Javier Milei podría “terminar preso” a raíz de esta situación.
“Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”, alertó el dirigente sindical en la red social X.
El titular del gremio que agrupa empleados de la administración pública acusó al Gobierno de “provocar cesantías masivas en el Estado” e indicó que “suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.
“Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”, puntualizó.
En tanto, Aguiar ratificó que durante este miércoles habrán “ingresos masivos y simultáneos” de los trabajadores del Estado a los distintos organismos en el marco del plan de lucha contra el Gobierno para revertir los despidos.
“Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley”, enfatizó.
“Mañana a las 16 hs convocamos un Plenario Federal con más de 1.000 delegados para profundizar el plan de lucha”, informó, y destacó que “por la mañana, los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión”.
Sobre la posibilidad de que ocurran incidentes, Aguiar aclaró que “si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”.
La cantidad de despidos podría incrementarse en los próximos días, según confesó el propio Gobierno la semana pasada a través de su portavoz, Manuel Adorni.
El funcionario precisó que se estaban analizando 70 mil contratos, de los cuales 15 mil iban a ser dados de baja antes y después de la Semana Santa.
“Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando”, había expresado Adorni.
