Alarma política por la SIDE: la oposición advirtió un “Estado policial”
La oposición salió con los tapones de punta contra el Decreto que reforma la SIDE. Denuncian espionaje, detenciones y un avance autoritario.
Política02 de enero de 2026
Juan Manuel Villarreal
El anuncio del Gobierno nacional de avanzar en una profunda reforma del sistema de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia desató una fuerte reacción de la oposición en el Congreso, que denunció un intento de legalizar el espionaje interno y ampliar de manera peligrosa las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Los cuestionamientos apuntan al DNU 941/2025, que redefine el funcionamiento del sistema de inteligencia, habilita a la SIDE a aprehender personas en casos de flagrancia y declara como “encubiertas” todas sus actividades. Para distintos sectores políticos, se trata de un avance hacia un Estado policial y una amenaza directa a las libertades individuales.
Acusaciones de espionaje y fin del control civil
Desde el kirchnerismo, el diputado nacional Leopoldo Moreau advirtió que el decreto “clausura la conducción civil de la inteligencia” y crea, en los hechos, una policía secreta sin controles efectivos. En la misma línea, el exministro de Defensa Jorge Taiana alertó que la disolución de los mecanismos de control sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una suerte de Guardia Nacional, con injerencia en tareas de seguridad interior.
Según señalaron, el nuevo esquema rompe los límites establecidos por la legislación vigente y habilita una reinterpretación amplia de las amenazas a la seguridad nacional.
La Coalición Cívica y el socialismo piden frenar el decreto
Desde la Coalición Cívica y el socialismo también hubo duras críticas. Legisladores de ambos espacios sostuvieron que el DNU es una herramienta para el espionaje político, ya que define de forma ambigua los supuestos que habilitan la intervención de la SIDE.
El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó que el decreto haya sido publicado “entre gallos, pirotecnia y medianoche”, y advirtió que convierte a todos los ciudadanos en “espiados y sospechados”. Además, remarcó que la reforma modifica cerca de una treintena de artículos de la ley de inteligencia sin ningún debate parlamentario.
Poder de policía y detenciones sin orden judicial
Ferraro puso el foco en uno de los puntos más sensibles del decreto: la posibilidad de que agentes de inteligencia detengan personas sin orden judicial previa. “Es un disparate total y una nueva ley de inteligencia impuesta por decreto”, afirmó, al tiempo que reclamó la urgente convocatoria de la Comisión Bicameral de Inteligencia y de la Bicameral de Trámite Legislativo.
En ese sentido, anticipó que presentarán notas formales ante Martín Menem y Victoria Villarruel para normalizar el funcionamiento de ambas comisiones y habilitar el tratamiento legislativo del DNU.
Rossi habló de un “Estado más oscuro”
Las críticas también llegaron desde exfuncionarios con experiencia directa en el área. El exinterventor de la AFI, Agustín Rossi, calificó la reforma como “gravísima” y sostuvo que lejos de ser una “reforma de segunda generación”, se trata de una “reforma de degeneración”.
Rossi alertó que el decreto permite usar personal de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior solo con una solicitud de la SIDE, algo que consideró violatorio de la ley de seguridad interior. Además, cuestionó el fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto en detrimento del Ministerio de Defensa y el control presupuestario centralizado en la SIDE.
El debate llega al Congreso
La disputa política ahora se trasladará al ámbito legislativo. La Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar un pedido de informes al Poder Ejecutivo, mientras distintos bloques exigen el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras.
En paralelo, el PRO mantiene silencio público, aunque referentes del espacio en la comisión fiscalizadora ya comenzaron a coordinar acciones para auditar el alcance real de los cambios impulsados por el Gobierno. El futuro del DNU 941/2025 promete abrir un nuevo frente de conflicto institucional en el inicio del año legislativo.
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