Chubut: 24 imputados por el incendio de edificios publicos durante manifestacion antiminera
El juez de Garantias de Chubut Gustavo Castro dejo abierta la investigacion contra 24 imputados por los desmanes, incendios, daños y robos que se produjeron el 16 de diciembre del año pasado en el marco de las movilizaciones en contra de la Ley de
El juez de Garantías de Chubut Gustavo Castro dejó abierta la investigación contra 24 imputados por los desmanes, incendios, daños y robos que se produjeron el 16 de diciembre del año pasado en el marco de las movilizaciones en contra de la Ley de Zonificación minera que había sancionado la Legislatura del Chubut.
"A este número de imputados se le suman dos menores de edad que no concurrieron a la audiencia", informó un parte informativo que difundió la fiscalía.
Al momento de resolver, Castro indicó que "hasta el momento hay elementos suficientes que permiten presuponer que se produjeron delitos” y otorgó el plazo de investigación de 6 meses que establece el Código Procesal Penal.
En la apertura de investigación también se advirtió sobre la responsabilidad del accionar de la fuerza pública durante los incidentes y el fiscal Fernando Rivarola destacó que "el 16 de diciembre, el día más álgido de los disturbios, no se percibió una estrategia de seguridad que debió ser planificada por las más altas autoridades” en alusión al Ministerio de Seguridad Provincial y la Jefatura de Policía.
Rivarola destacó en este sentido que “todo el radio céntrico de la ciudad de Rawson (la capital del Chubut), lugar de asiento de los edificios centrales de los tres poderes del Estado provincial, quedó prácticamente a merced de los manifestantes”.
Agregó que hubo una “ausencia total o al menos en número insuficiente de agentes del orden que debían velar por la seguridad de los ciudadanos y de los bienes -públicos y privados- en el ejido urbano de la ciudad capital”.
Así –continuó Rivarola- se produjo “la oportunidad para que grupos minúsculos, mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente en contra de la sanción de la ley, tomaran fuerza y de modo desorganizado, improvisados y sin ningún tipo de planificación previa, emprendieran una sucesión de acciones violentas”.
Agregó que “arrojaron elementos contundentes con el propósito de desplomar los vidrios de los edificios públicos, para luego ingresar en los mismos e iniciar focos ígneos, valiéndose de los recursos existentes en las oficinas -hojas, libros, carpetas-, así como, saquear las cosas del lugar como computadoras, matafuegos y cuanto encontraran a su paso”.
También expresó que “a medida que estos grupos no encontraban resistencia, la efervescencia fue creciendo tomando la vía pública a su antojo y emprendiendo, con elementos rudimentarios, contra los edificios públicos".
El acusador recordó que durante los disturbios fueron atacadas la Casa de Gobierno, la comisaría de Rawson, la sección Finanzas de la policía, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal, las oficinas del Instituto de Seguridad Social y Seguros, el edificio del Ministerio de Educación, entre otros edificios estatales, además de algunos comercios y propiedades privadas”.
Los procesados son Nicolás Alejandro Díaz, Lourdes Molina Leguiza, Mauricio Vargas, Brian Díaz, Lucas Espinoza, Jonathan Quiñilaf, Miguel Parsons, Gustavo Colín, Fernando Díaz, Alexis Altamirano, Aldo Tacumán, Daniel Andrade, Kevin Catalán, Walter Saez, Bruno Felices, Damián Díaz, Maximiliano Terán, Agustin Ibañez Acuña, Jeremías Barroso, Jonathan Silva, Fernando Mariana, Walter Colazurdo y los menores L.M. y G. V.,
Los abogados Miguel Moyano, Miguel Lugo, Damián D´Antonio y Pablo Sánchez que asistieron a los procesados (todos de la defensa pública) cuestionaron detalles de las imputaciones.
(Télam)
"A este número de imputados se le suman dos menores de edad que no concurrieron a la audiencia", informó un parte informativo que difundió la fiscalía.
Al momento de resolver, Castro indicó que "hasta el momento hay elementos suficientes que permiten presuponer que se produjeron delitos” y otorgó el plazo de investigación de 6 meses que establece el Código Procesal Penal.
En la apertura de investigación también se advirtió sobre la responsabilidad del accionar de la fuerza pública durante los incidentes y el fiscal Fernando Rivarola destacó que "el 16 de diciembre, el día más álgido de los disturbios, no se percibió una estrategia de seguridad que debió ser planificada por las más altas autoridades” en alusión al Ministerio de Seguridad Provincial y la Jefatura de Policía.
Rivarola destacó en este sentido que “todo el radio céntrico de la ciudad de Rawson (la capital del Chubut), lugar de asiento de los edificios centrales de los tres poderes del Estado provincial, quedó prácticamente a merced de los manifestantes”.
Agregó que hubo una “ausencia total o al menos en número insuficiente de agentes del orden que debían velar por la seguridad de los ciudadanos y de los bienes -públicos y privados- en el ejido urbano de la ciudad capital”.
Así –continuó Rivarola- se produjo “la oportunidad para que grupos minúsculos, mezclados entre quienes se manifestaban legítimamente en contra de la sanción de la ley, tomaran fuerza y de modo desorganizado, improvisados y sin ningún tipo de planificación previa, emprendieran una sucesión de acciones violentas”.
Agregó que “arrojaron elementos contundentes con el propósito de desplomar los vidrios de los edificios públicos, para luego ingresar en los mismos e iniciar focos ígneos, valiéndose de los recursos existentes en las oficinas -hojas, libros, carpetas-, así como, saquear las cosas del lugar como computadoras, matafuegos y cuanto encontraran a su paso”.
También expresó que “a medida que estos grupos no encontraban resistencia, la efervescencia fue creciendo tomando la vía pública a su antojo y emprendiendo, con elementos rudimentarios, contra los edificios públicos".
El acusador recordó que durante los disturbios fueron atacadas la Casa de Gobierno, la comisaría de Rawson, la sección Finanzas de la policía, el Superior Tribunal de Justicia, la Fiscalía de Rawson, la Legislatura Provincial, el Juzgado Federal, las oficinas del Instituto de Seguridad Social y Seguros, el edificio del Ministerio de Educación, entre otros edificios estatales, además de algunos comercios y propiedades privadas”.
Los procesados son Nicolás Alejandro Díaz, Lourdes Molina Leguiza, Mauricio Vargas, Brian Díaz, Lucas Espinoza, Jonathan Quiñilaf, Miguel Parsons, Gustavo Colín, Fernando Díaz, Alexis Altamirano, Aldo Tacumán, Daniel Andrade, Kevin Catalán, Walter Saez, Bruno Felices, Damián Díaz, Maximiliano Terán, Agustin Ibañez Acuña, Jeremías Barroso, Jonathan Silva, Fernando Mariana, Walter Colazurdo y los menores L.M. y G. V.,
Los abogados Miguel Moyano, Miguel Lugo, Damián D´Antonio y Pablo Sánchez que asistieron a los procesados (todos de la defensa pública) cuestionaron detalles de las imputaciones.
(Télam)
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