Política Por: Pamela Orellana26 de diciembre de 2024

El Gobierno despide a 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación

El Gobierno despidió a 100 empleados de la Defensoría del Público. Sturzenegger denuncia gasto político y habla de adoctrinamiento. ¡Conocé los detalles!
El gobierno despidió a 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación - foto archivo

En un giro que sacudió el ámbito político y mediático, el gobierno de Javier Milei despidió a 100 trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), reduciendo su plantilla a tan solo 40 empleados. La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en su cuenta de X (antes Twitter).

Un organismo bajo la lupa

La DPSCA, fundada en 2009 mediante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, tiene como objetivo canalizar reclamos y denuncias del público contra medios y periodistas. Sin embargo, para Sturzenegger, este organismo no cumplía con una función legítima: “Desde su creación, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias repetidas contra periodistas críticos del kirchnerismo”, afirmó.

El funcionario también destacó que la Defensoría albergaba, según él, una “militancia rentada” con una importante cantidad de empleados provenientes del municipio de La Matanza.

Entrevista GLP. Camilo Alessandro: "La clave es invertir en trabajo, educación y bienestar para Salto"

Justificación de la medida

A través de la resolución 107, el gobierno dispuso la drástica reducción de la planta del organismo, el remate de su estudio de televisión portátil y la limitación de su operatividad. “La resolución baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”, explicó Sturzenegger.

Además, el ministro denunció que este organismo contaba con un estudio móvil que recorría la costa durante la temporada estival. Según sus declaraciones, el propósito era realizar actividades de adoctrinamiento político.

Debate sobre el rol de la Defensoría

La actual titular de la DPSCA, Soher El Sukaria, no se pronunció públicamente sobre la decisión. Sin embargo, el ministro Sturzenegger fue tajante al plantear una discusión de fondo: “El Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de una eventual disolución del organismo.

Cambios en el Estado y recortes en las empresas públicas

Este ajuste en la Defensoría se suma a otras medidas del gobierno orientadas a reducir el déficit operativo del Estado. Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el rojo operativo de las empresas públicas disminuyó de 4.551 millones de dólares en 2023 a 2.235 millones en 2024. Este recorte también incluyó la reducción de 11.081 empleados estatales.

En un intento por justificar la reciente medida, Sturzenegger defendió el estilo del presidente Milei en su relación con los medios. “Ni el gobierno ni el presidente rehuyen el debate de ideas. Es todo lo contrario de lo que hacía el kirchnerismo, que usaba los recursos públicos para disciplinar a la prensa”, afirmó.

En lo personal, ¿cómo fue este año con Javier Milei como Presidente?

Mejor

Peor

Igual que los anteriores

Te puede interesar

El oficialismo busca cambiar las reglas del Banco Central: qué prohíbe la reforma que llegó al recinto

La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría con respaldo de bloques aliados. El proyecto impide el financiamiento directo o indirecto del Tesoro y modifica las condiciones para remover a las autoridades del BCRA. Unión por la Patria abandonó el plenario tras cuestionar a los invitados del oficialismo.

El tren olvidado que puede cambiar la producción bonaerense: el reclamo de un grupo de intendentes radicales

Cuatro alcaldes de la UCR pidieron a Nación incorporar la conexión Tandil–Quequén al nuevo contrato de cargas antes de que venza la prórroga de Ferrosur. El puerto batió un récord de 9 millones de toneladas, pero la traza permanece inactiva desde 1998 y aún no existen obras ni fondos aprobados.

De las rutas a las obras hídricas: la Provincia amplía el reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles

El gobierno bonaerense denunció más de 500 proyectos de agua y saneamiento inconclusos. Según datos oficiales, la Casa Rosada pagó trabajos por $116.000 millones sobre $375.400 millones recaudados y mantuvo más de $290.000 millones en Letras del Tesoro, mientras El Niño acorta los tiempos.

Presupuesto 2027: estatales preparan una propuesta de estabilidad laboral y ponen el financiamiento en discusión

ATE Buenos Aires trabaja con el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación en un texto para terminar con las contrataciones precarias, en medio del endeudamiento salarial y el reclamo para que el agro y los countries aporten más.

La motosierra partió la Red SUBE y golpea al Conurbano

Desde agosto, quienes llegan a CABA en tren y continúan en subte deben abonar los dos pasajes completos. La quita de la bonificación del 50%, que no rige en sentido inverso, encarece el traslado diario y profundiza la disputa entre Nación, Ciudad y Provincia.

Más pacientes y obras sociales en deuda: PBA activa un plan para sostener los hospitales

La gestión de Axel Kicillof abrió por 45 días un régimen de hasta 24 cuotas para que las entidades nacionales de la seguridad social regularicen prestaciones impagas del SAMO, ante la creciente demanda y la presión financiera sobre el sistema público de salud.

La Provincia cercó a Milei y Caputo por la caja vial: "Se robaron la plata del impuesto a los combustibles”

El gobierno bonaerense denunció que solo se ejecutó el 26,2% de los $1,5 billones recaudados para obras y advirtió sobre peajes hasta cuatro veces más caros.

Universidades paralizadas por 24 horas: qué reclaman los gremios y cómo sigue el conflicto

Docentes y no docentes realizan una huelga nacional de 24 horas que afecta las actividades en las universidades públicas. Reclaman recomposición salarial, recursos para hospitales y becas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno rechazó la medida y defendió los aumentos otorgados.