Piden prision perpetua para El Carnicero por el crimen filmado de un empresario en Caballito

Un fiscal pidió hoy la pena de prisión perpetua para el carnicero de nacionalidad paraguaya que estuvo cinco años prófugo y el lunes confesó su participación en el homicidio del empresario español Roberto Fernández Montes, cometido en 2017 en el barrio porteño de Caballito y donde quedó filmado junto al yerno ya condenado de la víctima, cuando bajaba el cadáver por el ascensor envuelto en un cubrecama.
En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de la Capital Federal, el fiscal de juicio Juan Manuel Fernández Buzzi pidió la pena máxima para Pedro Ramón Fernández Torres (57), alias "El Carnicero", como coautor de un "homicidio agravado por alevosía" y aseguró que al haber negado hace dos días su participación en el asesinato "mintió" con el objetivo de "mejorar su situación procesal" y que sólo lo condenen por "un robo".
Ante los jueces Cintia Oberlander, Alejandro Nocetti y Juan Manuel Grangeat, el fiscal dio por acreditado que "el 21 de enero de 2017 entre las 12.10 y las 13.31", tanto el imputado paraguayo como Santiago Corona (41) - exyerno de la víctima ya condenado a perpetua por el mismo caso - "dieron muerte" a Fernández Montes (67) dentro de su departamento del quinto piso del edificio de la calle Aranguren 36 de Caballito, en el marco de un "plan criminal previamente acordado".
Durante su alegato, Fernández Buzzi le dio un valor probatorio fundamental a los videos de las cámaras de seguridad del edificio que los imputados creyeron que no funcionaban y que fueron la clave de la investigación porque ambos acusados quedaron filmados entrando al edificio y bajando con el cadáver envuelto en sábanas y en un acolchado ensangrentado, y trasladándolo hasta el garaje, para ponerlo en el baúl del auto que usaba la víctima, en el que los asesinos escaparon con el cuerpo de la escena del crimen.
Sobre la confesión que el lunes dio "El Carnicero" sobre su participación en un hecho que, según dijo, solo "iba a ser un robo" y donde terminó "engañado" y "amenazado" por Corona, a quien acusó de ser quien asesinó por la espalda y a puñaladas a la víctima en un cuartito donde él lo había dejado encerrado, el fiscal dijo que "es una versión tardía, oportunista y parcialmente falsa".
"No es una confesión, es claramente un descargo para ponerse en una mejor situación", agregó.
"Dijo que lo ayudó a sacar el cuerpo porque Corona lo amenazó, que sabían dónde iban sus hijas al colegio y se sintió intimidado. Pero en el video que pudimos ver no se lo ve ni nervioso ni intimidado, ni asustado. Se lo ve con la misma atención y tensión que tiene Corona", señaló el representante del Ministerio Público.
En otro tramo del alegato, Fernández Buzzi consideró que también era mentira, tal como dijo el acusado, que la idea original era sólo un robo y sostuvo que el imputado en realidad sabía que "el plan era matar a Fernández Torres", porque más allá de que pensaran que las cámaras del edificio no funcionaran, no tomaron el recaudo de ocultar sus rostros.
"Ni Corona ni él se taparon la cara porque creían que las cámaras no los iban a tomar y la víctima no importaba, porque iba a estar muerta", afirmó el fiscal.
"Si las cámaras no hubieran andado como creían, probablemente este crimen no se hubiera esclarecido o hubiera sido muy difícil de esclarecer", opinó el acusador al volver a mencionar las cámaras como la prueba clave de la causa.
Además, descartó que sea cierta la versión de que Fernández Montes haya sido asesinado a puñaladas, como contó el imputado, al explicar que el médico forense que hizo la autopsia declaró en el juicio que en los escasos y calcinados restos que quedaron de la víctima no se advertían "heridas penetrantes" y que en base a estudios complementarios la principal hipótesis sobre la causa de la muerte del empresario era la de "una asfixia mecánica".
A su vez, el fiscal dijo que más allá de quien haya concretado materialmente la ejecución del asesinato, tanto Corona como Fernández Torres tuvieron "el codominio del hecho".
"Había un plan en el que intervinieron estas dos personas y cada uno tenía un rol", señaló Fernández Buzzi al explicar que ambos deben ser considerados coautores.
"Independientemente de que uno u otro hayan ejecutado a propia mano el homicidio, los dos son coautores, porque ambos intervinieron antes, durante y después de la ejecución del hecho de forma coordinada y con una distribución funcional de tareas", argumentó.
Al abordar la calificación penal, fundamentó que se trata de un "homicidio agravado por alevosía", al considerar que en este hecho se aprovecharon "del estado de indefensión de la víctima" y lo "mataron sobre seguro" al actuar con "ocultamiento y acecho" y de un "modo traicionero".
También se refirió a que los dos imputados tenían "un móvil" y explicó que "Corona tenía una motivación para matar a Fernández Montes y era toda una relación conflictiva" por la defraudación que había generado en la empresa de su suegro, mientras que sobre Fernández Torres dijo que -tal como reconoció en la audiencia-, era "económico" porque "necesitaba un préstamo y por ello se sumó al plan".
Luego, alegaron los defensores oficiales del acusado, Sofía Lanzilotta y Ramiro Dillon, quienes solicitaron la "absolución" de Fernández Torres por el homicidio y que, de manera subsidiaria y pese a que el fiscal no lo acusó por ello, sólo se lo condene por el robo.
"La única realidad ocurrida ese 21 de enero de 2017 en Aranguren 36 es la que conocemos a través de él. Sabemos que él no es el responsable del homicidio por el que vino acusado", dijo Lanzilotta.
"Lo coordinado y previamente arreglado fue un robo. La confesión de la que habla el fiscal es la participación de Pedro en un robo. Pedro entró sin guantes ni armas porque no iba a matar a nadie. Corona lo engañó y manipuló para su plan macabro", remarcó la defensora.
A su turno, Dillon agregó que Fernández Torres "se embarcó en un robo y terminó coaccionado en el encubrimiento de un crimen, que ni siquiera cometió" y cuestionó además la pena máxima solicitada por el fiscal al afirmar que "condenar a una persona de 57 años a prisión perpetua, es condenarla a muerte".
Al término de los alegatos, la presidenta del tribunal, la jueza Oberlander, dio por concluida la audiencia e informó que las partes serán notificadas en los próximos días sobre la fecha en la que tendrán lugar las últimas palabras del acusado y la lectura del veredicto y de la eventual sentencia. (Télam)