La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por los profesionales del Derecho y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), y la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, por los jueces, entre otros, se pronunciaron contra el traspaso.

Aún las líneas internas que disputan la representación de los magistrados, tal el caso de las listas Celeste y Bordó, se definieron en los últimos días en rechazo al trapaso de la Justicia nacional.

La Celeste, por caso, emitió un comunicado en el que explicó que "la visión del traspaso contiene un enfoque ciertamente equivocado sobre la autonomía de la Ciudad pues la confunde con su soberanía y equipara a la ciudad de Buenos Aires con una provincia", y recordó que "los tribunales nacionales no son tribunales provinciales, ni la Ciudad goza de esta naturaleza".

La Bordó se explayó en el mismo sentido cuando manifestó que "de prosperar esa iniciativa, a los eventuales magistrados porteños que deban resolver cuestiones de trascendencia institucional, se les podrá iniciar un proceso para su remoción con la simple mayoría de los votos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y no por los dos tercios que exige el régimen nacional".

El proyecto de ley ómnibus propone que se instruya "al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años”.

El traspaso no es una idea nueva y comenzó en el año 2000, cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa traspasó algunas competencias a la Ciudad, gobernada en ese momento por Aníbal Ibarra.

Más adelante, el presidente Mauricio Macri volvió a transferir más competencias al entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aunque se dejaron afuera los delitos caracterizados como graves que siguen bajo el control de la Justicia Nacional.

El tema también se incorporó en el último proyecto de reforma importante de la Justicia que impulsó el presidente Alberto Fernández, a través de una comisión asesora de notables.

Dentro de las recomendaciones del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial creado por Fernández, algunos miembros, como el excamarista León Arslanian, advirtieron sobre la necesidad de trasladar las competencias de la Justicia nacional a la Ciudad.

Uno de los integrantes de ese consejo, el constitucionalista Raúl Ferreyra, recordó en diálogo con Télam que, cuando se promulgó la Constitución de la ciudad de Buenos Aires en 1996, postuló que "era inmediatamente necesario el traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad"

El argumento de Ferreyra es que la Ciudad se fue convirtiendo en una provincia y que "hay muy buenas razones que apoyan que eso suceda y ninguna que haga pensar en lo contrario".

No obstante la discusión jurídica, los organismos que representan a magistrados y abogados tienen una posición histórica de rechazo al proyecto. Para la AMFJN, la iniciativa "implicaría una clara violación de la Constitución Nacional".

"Además de las innumerables razones normativas y constitucionales que lo impiden, el traspaso intentado sólo redundaría en perjuicio del justiciable y de la sociedad en su conjunto, a la vez que afectaría gravemente principios básicos de la independencia judicial", señalaron los magistrados en un comunicado firmado por su presidente, el juez Andrés Basso.

En la misma línea se pronunció la Junta de presidentes de Cámaras cuando señaló que "la reforma constitucional de 1994 otorgó a la Ciudad de Buenos Aires un estatus peculiar, pues por un lado le reconoció un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción pero por el otro dispuso que una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación".

En este sentido, aclararon que si bien es una "ciudad constitucional federada" también sigue siendo la sede de las autoridades nacionales de todas las áreas cuya actividad no se limita al ámbito del distrito.

Télam