El diputado provincial Claudio Frangul presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que garantiza el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con altas capacidades intelectuales (ACI).

La iniciativa, que lleva el nombre de “Ley Benjamín”, fue bautizada así por el caso de un niño platense de siete años que obtuvo un fallo del Juzgado de Garantías N.º 1 de La Plata para continuar sus estudios. En 2020, con tan solo cinco años, Benjamín hizo primero y segundo grado de manera virtual y aprobó los niveles con puntaje excelente. En 2021, mientras cursaba el tercer grado, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) bonaerense planteó que debía retroceder y volver a segundo. Sus padres llevaron el caso a la Justicia. La sentencia del juez Guillermo Atencio, favorable a Benjamín, fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

Frangul elaboró su proyecto en conjunto con organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la temática, como Mensa, y la familia de Benjamín.

El legislador radical afirmó que “el fallo judicial, que le permitió a Benjamín tener su proyecto pedagógico individual y promover a cuarto grado, cambió todo. Con este reconocimiento explícito del Estado de las altas capacidades intelectuales, ahora tenemos que ajustar la normativa para que la próxima familia que se enfrente a esta situación no tenga que pelearla recurriendo a la Justicia”.

“En la actualidad, los niños con ACI no son contenidos por el sistema educativo. Cuando uno habla con las familias, lo que tienen en común es un gran sufrimiento en lo emocional. La incapacidad del sistema de reconocerlos los lleva a sentirse frustrados. Nosotros decimos basta de nivelar para abajo”, dijo el diputado platense. “Por eso impulsamos la creación de una dependencia específica en la DGCE, una ventanilla a la que las familias puedan recurrir para dejar de obligar a sus hijos a encajar porque sí; que asuma la responsabilidad de la detección temprana y se encargue de realizar el proyecto pedagógico individual de acuerdo las potencialidades de cada caso.”

El proyecto pedagógico individual ya es de uso habitual para la inclusión escolar de los/as alumnos/as con discapacidad. Frangul explicó: “Además de garantizar el derecho del niño o niña a ser oído en el proceso, impulsamos la posibilidad de la promoción parcial de uno o más cursos, e incluso la promoción total al grado superior”.

Las ACI implican una capacidad excepcional para razonar y aprender en uno o más dominios, como matemáticas o lenguaje. Aunque no hay estadísticas definidas, se considera que al menos el 2% de la población tiene un coeficiente intelectual superior a 130, son superdotados, y un 15% tiene altas capacidades. El diputado Frangul agregó que “es importante destacar que tener un niño o niña con altas capacidades intelectuales no depende de la clase social: puede darse en cualquier contexto familiar”.

El proyecto del diputado radical establece un marco regulatorio para la detección y abordaje integral para niñas, niños y adolescentes de nivel inicial, primario y secundario con altas capacidades intelectuales. Se impulsan programas de capacitación en ACI tanto para los docentes activos como para los espacios de formación docente.

El proyecto incluye sanciones en el caso de incumplimientos por parte de las escuelas, y legitima para accionar a los padres o representantes legales en instancia administrativa y ante la Justicia. También estimula la creación de especializaciones de posgrado en la temática en las universidades e institutos terciarios con asiento en la provincia.

Las provincias de Jujuy, Chaco y Catamarca ya reconocen por ley las altas capacidades intelectuales y la necesidad de implementar proyectos pedagógicos individuales para garantizar el derecho a la educación.