La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un informe que recoge un relevamiento normativo a nivel provincial y municipal sobre corrupción y trata de personas, realizado por las distintas jurisdicciones con el objetivo de detectar normativas locales que regulan estas materias y el grado de adecuación a estándares internacionales.
“Corrupción, género y trata de personas: análisis de las normativas locales” fue elaborado conjuntamente con las fiscalías de Investigaciones Administrativas (FIA) de Chaco, La Pampa y Río Negro, las oficinas Anticorrupción (OA) de Chubut y Jujuy y la Dirección de Transparencia de Rosario, dependencias integrantes del Foro Permanente de FIAs y OAs de Argentina.
El trabajo tiene como meta identificar mecanismos para fortalecer las capacidades locales en el combate a la corrupción asociada a la trata de personas.
También incluye buenas prácticas identificadas y formula sugerencias, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.
El informe se inscribe en las actividades que la PIA realiza en el marco del proyecto regional sobre corrupción y género que se desarrolla en la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) con el apoyo de la agencia de cooperación EUROsociAL+.
Las recomendaciones que se expusieron en la Segunda Reunión Anual Ordinaria del Foro FIA y OA, del 10 de diciembre giran en torno a la institucionalización de mecanismos de articulación entre áreas anticorrupción y antitrata para la investigación de funcionarios públicos involucrados.
También sobre el desarrollo de actividades de capacitación y sensibilización sobre corrupción facilitadora; la revisión de ordenanzas y leyes que regulan habilitaciones y actividades de riesgo de trata; y distintas estrategias para el fortalecimiento de la acción de los organismos anticorrupción en el combate a la corrupción facilitadora de la trata.
En agosto de 2020 la PIA había propuesto al Foro de FIAs y OAs integrar un grupo de trabajo a fin de replicar el proyecto que a nivel regional que se estaba realizando respecto de los contextos de corrupción asociada a la trata de personas.
De acuerdo a la recopilación que la PIA había realizado sobre la corrupción facilitadora de la trata en nuestro país, observó que uno de los puntos a trabajar era evaluar si las normativas de orden provincial y municipal que regulan actividades vinculadas a la trata se encontraban armonizadas con el marco normativo nacional e internacional
Así se busca evitar normativas locales que pudieran distorsionar el rol de agentes públicos de detección de casos y dificultar la atribución de responsabilidades de los funcionarios en las investigaciones de posibles conductas ilícitas asociadas a la trata. (Télam)