Antivacunas: la Justicia interviene y sube la cobertura infantil
La resistencia a la vacunación obligatoria volvió a quedar en el centro del debate público tras una serie de intervenciones judiciales y administrativas que tuvieron un impacto inmediato en la cobertura sanitaria.
En Mendoza, la decisión del Gobierno provincial de avanzar con denuncias contra padres que incumplen el calendario nacional provocó, en apenas una semana, la aplicación de casi 1.500 vacunas atrasadas. En paralelo, la Justicia de Salta ordenó completar el esquema obligatorio en un caso de negativa familiar, reafirmando el criterio de que la salud pública prevalece sobre decisiones individuales.
El fenómeno se da en un contexto de creciente preocupación sanitaria, atravesado por el rebrote de enfermedades prevenibles y por la difusión de discursos antivacunas desde ámbitos institucionales y redes sociales, que volvieron a ganar visibilidad semanas atrás durante un acto en el Congreso.
El impacto inmediato de la vía judicial
Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Mendoza, entre el 12 y el 19 de diciembre se aplicaron 1.483 dosis correspondientes a esquemas atrasados, una suba abrupta que se produjo luego de que la provincia comenzara a denunciar judicialmente a padres, madres y tutores que no vacunaron a menores a su cargo.
Mendoza se convirtió así en la primera provincia del país en recurrir de forma sistemática a la Justicia Civil para exigir el cumplimiento del calendario obligatorio. Las sanciones previstas incluyen multas económicas, trabajo comunitario e incluso arrestos, según el Código Contravencional local.
Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, explicó que el efecto fue inmediato y visible en toda la provincia. “Estamos hablando de mayor cantidad de gente que se ha acercado a ponerse al día y a simple vista se nota una mayor demanda en toda la provincia”, señaló.
El dato que más alarma a las autoridades sanitarias es el nivel de atraso detectado. “Las personas se movilizaron para tomar conocimiento de posibles denuncias, lo que llevó a que niños hayan recibido entre seis y siete vacunas para ponerse al día. Este dato no es lo habitual de ninguna manera”, advirtió Aguilar.
Vacunas atrasadas y cobertura en caída
Desde el Ministerio de Salud mendocino reconocieron que uno de los mayores déficits se registra en las vacunas correspondientes a los 15 meses de edad, una franja en la que disminuyen los controles médicos regulares tras el primer año de vida.
La situación se vuelve especialmente sensible en un escenario de reemergencia de enfermedades, donde la inmunidad colectiva —que requiere una cobertura superior al 90%— resulta clave para evitar brotes. En adolescentes, el panorama es aún más preocupante: la cobertura ronda el 75% y, en el caso de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), los porcentajes caen a niveles críticos.
Salta: la Justicia interviene para garantizar derechos
En Salta, la intervención judicial también marcó un precedente. La abogada de la Asesoría de Menores e Incapaces N.º 9, Milagro Piñeiro, confirmó que una beba logró completar su esquema obligatorio pese a la oposición de sus padres. “Ante la negligencia de los progenitores en garantizarle su derecho a la salud, la asesoría tuvo que accionar a través de la justicia”, explicó.
Piñeiro señaló que no se trata de un hecho aislado. “Tuvimos otros casos pero lamentablemente aún no está firme la sentencia. Son varios niños que tienen entre 5 y 12 años”, indicó, y precisó que muchos “tienen unas cuantas vacunas y después los dejaron de vacunar”.
En el reciente fallo, el juez Eduardo Barrionuevo, del Tribunal de Impugnación, recordó que la vacunación “no es solo una protección individual, sino un derecho colectivo”. Para Piñeiro, el rechazo parental se explica en gran parte por la desinformación. “Tiene que ver con mucho contenido de redes sociales que generan temor y desconfianza”, sostuvo, y remarcó que “la vacunación es una responsabilidad social”.
Los casi 1.500 esquemas completados en Mendoza en apenas siete días reflejan que la intervención estatal puede modificar conductas de forma inmediata. El desafío, advierten desde el sistema sanitario, será sostener esa tendencia más allá del efecto disciplinador de las sanciones.