Judiciales

La medida fue dictada en un juicio iniciado por el Banco Galicia a partir de un pagaré emitido por Numen Publicidad y Sondeos. El consultor y su empresa tienen cinco días para presentarse y plantear las defensas previstas por la ley.

El conflicto con la Suprema Corte se profundizó tras nuevos planteos salariales y operativos, mientras la UEJN y la AJB discuten cómo canalizar un malestar extendido por distintas dependencias de la Provincia.

Las últimas renuncias se suman a otras salidas recientes y vuelven a exponer una demora que atraviesa distintos niveles del sistema. Mientras el Consejo de la Magistratura retomó concursos y ternas, los cuatro lugares del máximo tribunal siguen sujetos a un acuerdo político que no aparece.

La presentación y apertura de las ofertas, prevista inicialmente para el 27 de agosto, fue trasladada al 15 de septiembre. El proceso contempla transferir el 90% de las acciones estatales y despierta interés entre grupos locales y operadores internacionales.

La abogada aseguró que entregará a la Justicia mensajes y grabaciones que todavía no hizo públicos y afirmó que declararía ante fiscales argentinos si fuera convocada. Mientras tanto, Adrián Ravier sostuvo que el acusado no mantiene relación con el Presidente, pese a los ingresos registrados en la sede gubernamental.

El máximo tribunal ordenó elaborar un protocolo médico para orientar a los jueces en casos vinculados con la salud de personas detenidas. La medida no concede beneficios de manera automática, pero podría incidir en futuras solicitudes presentadas por condenados y procesados por delitos de lesa humanidad.

El organismo constitucional estrenó edificio mientras controla afiliaciones, depura documentación histórica e impulsa cambios normativos para evitar los problemas operativos registrados en los últimos comicios.

La defensa del exjefe de Gabinete solicitó más tiempo para responder el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y pidió acceder a la totalidad de las pruebas reunidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde la Legislatura, Fuerza Patria y la Coalición Cívica coinciden en revisar las designaciones de los jueces de Faltas. Qué cambiaría y cómo se conecta con la reforma judicial bonaerense.

Sus pliegos consiguieron 11 firmas en la comisión de Acuerdos y ahora deberán ser tratados por el Senado. Si reciben el aval del recinto, integrarán junto a Mariano Llorens la Sala I de la Cámara Federal.

Una inconsistencia en una prueba sensible obligó a revisar certezas, estrategias y responsabilidades en una etapa decisiva del proceso, que ahora enfrenta un nuevo frente sin perder continuidad.

La sanción a OSDE se suma a imputaciones por contratos y a un plan para recuperar deudas de obras sociales. Mientras 742 mil personas más quedaron dependiendo sólo del Estado, crece la cantidad de afiliados que termina atendiéndose en efectores bonaerenses.

El antecedente judicial sobre repartidores y la iniciativa bonaerense para ordenar las aplicaciones reabren el debate sobre fiscalización, autonomía e ingresos, mientras el sector se divide entre quienes piden mayor protección y quienes temen que el nuevo esquema afecte su actividad.

 

El diputado libertario, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, atribuyó la diferencia entre $13 millones y $130 millones a una equivocación material. La fiscalía cuestiona la sucesión de rectificaciones y el juzgado solicitó informes patrimoniales, bancarios e inmobiliarios antes de resolver.

La Justicia federal allanó las áreas de Tránsito, detuvo a diez sospechosos y analiza una presunta red que cobraba hasta $500.000 para eludir controles mediante DNI falsos y domicilios de pantalla.
 
 
 
 

Kicillof rechazó que la funcionaria judicial pertenezca al Poder Ejecutivo, mientras la Procuración precisó su encuadre institucional y el trámite disciplinario que avanza en paralelo a la causa penal.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, permanece aprehendido en Santa Cruz de la Sierra mientras la Fiscalía de Bolivia prepara una imputación formal por feminicidio en grado de tentativa. La investigación comenzó después del ataque a tiros contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.

El exministro declaró como testigo ante el TOF 7, defendió los controles aplicados durante su gestión en Transporte y aseguró que tuvo libertad para administrar el sistema de subsidios.

La empresa no logró habilitar la intervención de la Corte Suprema de la Nación y quedó vigente el núcleo de una sanción de $17,6 millones por irregularidades detectadas en 62 repartidores. Otros ocho vínculos volverán a ser examinados por un tribunal laboral con nueva integración, una definición que todavía podría modificar el monto final de la multa.