Narcotráfico, patrulleros y fondos recortados: qué hay detrás del nuevo cruce entre Milei y Kicillof

El Presidente acusó al gobernador de impedir la intervención federal contra los narcos. La Provincia respondió con un reclamo por $19,1 billones y recordó la asistencia que brindó a Santa Fe. Los antecedentes de cooperación, los recursos para seguridad y una disputa judicial que comenzó en 2024 explican el trasfondo del enfrentamiento.
Política18 de noviembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Axel Kicillof y Javier Alonso (patrulleros).
Axel Kicillof y Javier Alonso.

El enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo por la lucha contra el narcotráfico. El presidente Javier Milei cuestionó al gobernador Axel Kicillof por supuestamente impedir que las fuerzas federales intervengan contra las organizaciones criminales en territorio bonaerense. La respuesta provincial llegó con una acusación de desfinanciamiento y un antecedente concreto: la colaboración de Buenos Aires con Santa Fe durante la crisis de seguridad en Rosario.

El mandatario nacional lanzó sus críticas el lunes 16 de noviembre, durante una cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Allí reivindicó los operativos realizados en Rosario y aseguró: "Sacamos a los narcos de Rosario a las patadas". Después apuntó contra Kicillof, a quien llamó "el soviético", y afirmó que no podía repetir esa estrategia en Buenos Aires porque el gobernador no lo permitía.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió el martes mediante un hilo en X. Rechazó que la Provincia impida la intervención federal, cuestionó el control de las fronteras y vinculó las exigencias presidenciales con los recursos que Nación dejó de transferir. "Menos stand up y más trabajo", fue su respuesta final, en una controversia que volvió a poner sobre la mesa responsabilidades institucionales y reclamos económicos.

Rosario: el antecedente que contradice la idea de una Provincia sin cooperación

Uno de los argumentos centrales de Alonso fue recordar que Buenos Aires participó del operativo de asistencia a Santa Fe cuando Rosario atravesaba una escalada de violencia vinculada con organizaciones narcocriminales.

En marzo de 2024, Kicillof dispuso el envío de 80 móviles y tres minibuses, además de ofrecer personal especializado y equipamiento tecnológico. Alonso encabezó el traslado y coordinó la asistencia con el gobierno santafesino, conducido por Maximiliano Pullaro. La decisión respondió a la necesidad de reforzar la seguridad en una ciudad afectada por ataques y homicidios relacionados con el crimen organizado.

La colaboración no terminó con aquel despliegue. En mayo de ese año, Kicillof y Pullaro suscribieron un convenio de cooperación contra el crimen organizado, que contempló una unidad permanente de investigación y articulación entre los ministerios de Seguridad, intercambio de información y actividades de formación.

Ambos gobernadores acordaron fortalecer la lucha contra los narcos
En mayo de 2024, Kicillof y Pullaro suscribieron un convenio de cooperación contra el crimen organizado.

El propio Pullaro reconoció públicamente el respaldo bonaerense y agradeció la colaboración pese a las diferencias políticas. Para la administración provincial, ese antecedente demuestra que la lucha contra el narcotráfico requiere coordinación entre jurisdicciones y no puede depender exclusivamente de coincidencias partidarias.

Alonso recuperó ese episodio para responder a Milei: "Las patadas, en buena parte, eran nuestras". Su planteo contrapuso la participación material de Buenos Aires en Rosario con la acusación presidencial de que Kicillof obstaculiza la intervención de otras fuerzas.

Narcotráfico: qué responsabilidades corresponden a Nación y Provincia

El segundo eje del enfrentamiento apunta directamente a las competencias institucionales. Alonso sostuvo que el narcotráfico es un delito federal y afirmó que las fuerzas nacionales no necesitan autorización de un gobernador para intervenir en investigaciones de esa jurisdicción.

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La legislación argentina establece que el tráfico de drogas de mayor escala y las organizaciones criminales complejas corresponden principalmente a la Justicia federal. Sin embargo, Buenos Aires adhirió en 2005 al régimen de desfederalización, mediante el cual asumió competencia sobre determinados delitos vinculados con la venta minorista de estupefacientes, conocida como narcomenudeo.

La división de competencias involucra, por lo tanto, a fuerzas federales, Policía bonaerense y autoridades judiciales de ambas jurisdicciones. Nación tiene responsabilidades directas en la vigilancia de fronteras y la investigación del tráfico interjurisdiccional, mientras que la Provincia interviene en la prevención del delito y la persecución de las conductas transferidas a su jurisdicción.

Alonso también cuestionó la capacidad nacional para controlar el ingreso y la circulación de drogas. Preguntó cuántos radares, gendarmes y escáneres incorporó la administración de Milei, y sostuvo que las sustancias atraviesan fronteras y distintas provincias antes de llegar al conurbano. El discurso presidencial, por su parte, no identificó un operativo federal concreto que hubiera sido impedido por Kicillof.

Los $19,1 billones y el origen del conflicto por los fondos de seguridad

La respuesta provincial incluyó un reclamo económico de gran magnitud. Alonso acusó al Gobierno nacional de adeudarle a Buenos Aires $19,1 billones, una cifra que la administración de Kicillof había detallado en septiembre a través del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Según ese relevamiento, el cálculo comprende $4,7 billones en deudas directas, $10,1 billones correspondientes a obras públicas comprometidas y no ejecutadas y $4,3 billones vinculados con programas nacionales discontinuados o demorados. No se trata únicamente de transferencias vencidas, sino de una estimación provincial que también incorpora inversiones y programas interrumpidos.

El conflicto tiene un antecedente directamente relacionado con la seguridad. En febrero de 2024, Milei firmó el decreto 192/2024, que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI), creado en 2020 para sostener las finanzas provinciales. La Nación justificó su derogación en la necesidad de preservar recursos para el ordenamiento de las cuentas públicas.

En marzo de aquel año, Kicillof presentó una demanda de 154 páginas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que el decreto fuera declarado inconstitucional. También pidió una medida cautelar para suspender sus efectos y reclamar los fondos correspondientes a noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024.

En esa presentación, el Gobierno bonaerense argumentó que el fondo contribuía especialmente al sostenimiento de los salarios policiales y de servicios esenciales. Además, cuestionó el recorte por considerar que agravaba las dificultades financieras de una provincia que, según su planteo, recibe una proporción de coparticipación inferior a su peso poblacional y económico.

El reclamo judicial se amplió durante los años siguientes. Para abril de 2026, Buenos Aires había impulsado ocho demandas relacionadas con transferencias y programas nacionales, incluidos fondos previsionales, transporte, educación y seguridad. La disputa por el FOFOFI forma parte de ese conflicto institucional que todavía atraviesa la relación entre ambas administraciones.

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Una pelea por recursos que también llega al debate presupuestario

El nuevo cruce se produce mientras el Ejecutivo bonaerense busca respaldo legislativo para el paquete económico de 2027. La propuesta de financiamiento incluye un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad destinado a los municipios, vinculado con la utilización del endeudamiento que solicita la Provincia.

Para Alonso, el contraste es que Nación exige resultados en seguridad mientras reduce recursos. Lo resumió con una comparación: "Es como sacarle la nafta al patrullero y preguntar por qué no llega".

Así, la discusión excede las declaraciones sobre Rosario. La posición presidencial reivindica los operativos federales y cuestiona la conducción bonaerense; la respuesta de Kicillof, expresada por su ministro, reclama financiamiento y responsabilidad nacional en la persecución del narcotráfico. Detrás del intercambio persiste una controversia que combina seguridad, distribución de recursos y cooperación entre distintos niveles del Estado, con consecuencias directas para los municipios bonaerenses.

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