Ley Impositiva 2027: qué cambia en patentes, Inmobiliario y tasas mientras la Provincia busca su aprobación
Pamela Orellana


El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, defenderá este miércoles 18 de noviembre, desde las 11, el proyecto de Ley Fiscal Impositiva 2027 ante integrantes de las comisiones de Presupuesto de la Legislatura bonaerense. La presentación pondrá en discusión los cambios previstos para patentes, Inmobiliario, Ingresos Brutos y tasas que pagan los contribuyentes por distintos trámites.
El gobierno de Axel Kicillof sostiene que la propuesta no incrementará la presión tributaria en términos reales. Su argumento es que las alícuotas centrales permanecerán estables y las actualizaciones patrimoniales acompañarán la inflación. Sin embargo, la continuidad de las tasas no equivale a congelar las boletas: la valuación de los bienes, los tramos imponibles y el costo de algunos servicios también intervienen en el cálculo final.
La iniciativa integra el paquete que el ministro de Economía, Pablo López, presentó a comienzos de noviembre junto al Presupuesto 2027 y la Ley de Financiamiento. Para la administración provincial, la continuidad del esquema tributario de 2026 busca dar previsibilidad a familias, comercios y empresas en un escenario de caída de actividad y recaudación.
Ingresos Brutos: alícuotas estables y nuevos topes para las pymes
En Ingresos Brutos no se proponen cambios en las alícuotas. La modificación se concentra en los montos de facturación anual que habilitan a micro, pequeñas y medianas empresas a acceder a tratamientos reducidos. El objetivo del Ejecutivo es impedir que la inflación deje a establecimientos comerciales, industriales y de servicios fuera de los beneficios por superar umbrales que quedaron desactualizados.
Entre las escalas previstas, los límites de ingresos del período fiscal anterior llegan a $2.403 millones para las actividades del tramo 1 y $1.602 millones para las del tramo 2. En los tramos 6 y 7, los topes indicados son de $41 millones y $20 millones, respectivamente. La aplicación de cada alícuota depende de la actividad y de los ingresos gravados, no gravados y exentos del contribuyente.

El texto también introduce una simplificación para las universidades públicas: cuando desarrollen exclusivamente actividades exentas de Ingresos Brutos, quedarían liberadas de presentar las declaraciones juradas periódicas correspondientes a ese impuesto. No se trata de una nueva exención sobre actividades gravadas, sino de una reducción de obligaciones formales para instituciones que ya reúnen esa condición.
Patentes e Inmobiliario: qué ocurrirá con los importes
Para el Impuesto Automotor, la Provincia proyecta conservar la tabla de alícuotas aplicada durante 2026, cuando se redujo la carga nominal sobre numerosos vehículos y se estableció una escala de cinco tramos, del 1% al 4,5%. El monto que deberá pagar cada propietario seguirá dependiendo de la valuación fiscal de su unidad, por lo que puede haber diferencias entre vehículos incluso sin cambios de alícuota.
También continuarían las bonificaciones para quienes adelanten pagos o cumplan en término con sus obligaciones. El esquema busca sostener el incentivo al cumplimiento tributario, aunque el ahorro concreto dependerá de las condiciones y descuentos que se apliquen al liquidar el impuesto.
En el Inmobiliario Urbano y Rural, el Ejecutivo prevé actualizar las bases y escalas para evitar aumentos por encima de la inflación. En las partidas rurales, uno de los movimientos más visibles es el coeficiente sobre la valuación fiscal de la tierra libre de mejoras, que pasaría de 12,0584 a 15,7965. Para edificios y mejoras gravadas, subiría de 15,0727 a 19,7453.
Esos cambios alcanzan a los parámetros utilizados para determinar el impuesto y no significan, por sí solos, que todas las partidas rurales tengan exactamente el mismo aumento. En paralelo, el Impuesto de Sellos conservaría su estructura y alícuotas, sin nuevos gravámenes sobre contratos, escrituras u operaciones financieras.
Tasas administrativas: certificados y matrimonios más caros
El capítulo que presenta aumentos más visibles para ciertos trámites es el de las tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales. El valor de la Unidad Tributaria (UT) pasaría de $275 a $360, una suba nominal cercana al 31%. A ese ajuste se agrega, en algunos casos, una mayor cantidad de unidades exigidas para completar cada gestión.
Un certificado catastral por partido-partida, parcela o subparcela, por ejemplo, pasaría de 44,30 a 50,76 UT. Traducido a pesos, el costo subiría de aproximadamente $12.183 a $18.274, cerca de un 50%. Para solicitar una copia de plano, el proyecto fija 121,8 UT, equivalentes a $43.848 con el nuevo valor unitario.

El cambio es aún mayor en el trámite de matrimonio: pasaría de 16,80 a 33,30 UT, con un importe que subiría de $4.620 a $11.988. Para duplicados de Libretas de Familia, la exigencia crecería de 15,30 a 20,80 unidades. La combinación de ambos ajustes explica por qué algunos servicios aumentarían más que la propia Unidad Tributaria.
Juego online y fondos para los municipios
Otra modificación contemplada en la propuesta extiende al juego online el régimen de aportes vinculado con premios que ya alcanza a determinados juegos de resolución inmediata, como las tragamonedas. El sistema vigente prevé porcentajes de entre el 1% y el 3%, y el nuevo alcance incorporaría premios obtenidos mediante plataformas digitales, con distribución de recursos entre los 135 municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD).
Ese punto coincide con una discusión más amplia, pero distinta, sobre la regulación integral de las apuestas. El martes 17 de noviembre, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de Diputados avanzó con tres dictámenes diferentes. Persisten desacuerdos sobre cuánto deben aportar las empresas, quién administrará los fondos y cómo fortalecer los controles sobre el juego ilegal. El diputado Andrés De Leo reclamó sanciones al juego clandestino y más prevención y rehabilitación.
El Presupuesto y la oposición, detrás de la discusión tributaria
La defensa de Girard se realizará mientras el Ejecutivo busca acuerdos para aprobar un Presupuesto 2027 de $58,6 billones y una autorización de endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones. La iniciativa financiera incorpora un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para municipios, cuyos recursos se vincularían con la utilización de la deuda autorizada. Ese pedido requiere dos tercios de los votos en ambas cámaras.
El presidente del bloque PRO en el Senado, Pablo Petrecca, cuestionó las prioridades del gasto, reclamó controles sobre el endeudamiento y puso el foco en la situación de IOMA y la distribución de fondos municipales. Desde La Libertad Avanza, Diego Valenzuela planteó que mantener los impuestos no alcanza y reclamó reducciones, especialmente en Ingresos Brutos. Son parte de los cuestionamientos de los bloques opositores al paquete provincial.
López, por su parte, atribuyó el deterioro de las cuentas bonaerenses a la recesión y a decisiones del Gobierno nacional. Según sus estimaciones, la caída de recursos tributarios nacionales y provinciales supera los $10 billones, mientras la Provincia reclama partidas y programas nacionales interrumpidos. Con ese panorama, el oficialismo intentará defender la estabilidad de las alícuotas y las actualizaciones previstas. La exposición de este miércoles marcará una nueva instancia de una negociación que todavía debe pasar por el tratamiento legislativo.

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