“No alcanza con gastar más”: la oposición endurece sus reclamos y pone condiciones al Presupuesto 2027 de Kicillof

El PRO cuestionó las prioridades de inversión y el reparto de recursos, mientras los libertarios exigen cambios impositivos. La Coalición Cívica apunta a los salarios y el radicalismo reclama fondos municipales. Qué discute cada sector del paquete económico bonaerense.
Legislativas17 de noviembre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla
Senado bonaerense
El PRO cuestionó las prioridades de inversión y el reparto de recursos, mientras los libertarios exigen cambios impositivos.

El Presupuesto 2027 de Axel Kicillof suma cuestionamientos opositores sobre el destino del gasto, el endeudamiento y los recursos que recibirán los municipios. Uno de los planteos más recientes llegó del senador Pablo Petrecca, presidente del bloque del PRO, quien reclamó revisar las prioridades provinciales y advirtió que una mayor asignación presupuestaria no garantiza mejores servicios.

“No alcanza con gastar más. Hay que administrar mejor”, sostuvo el legislador. Su intervención incorpora al debate una comparación entre las partidas destinadas a deuda, comunicación e infraestructura, además de objeciones sobre la política tributaria y los controles que acompañarán las autorizaciones financieras. 

Los cuestionamientos atraviesan a distintos bloques, aunque sus posiciones tienen diferencias. Mientras algunos ponen el foco en reducir impuestos y limitar facultades extraordinarias, otros reclaman recomposición salarial, mejoras en IOMA, inversión en rutas o mayor autonomía para los gobiernos locales.

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Petrecca apunta al contraste entre deuda, comunicación y obras

Según el análisis difundido por Petrecca, el proyecto contempla gastos por $58,65 billones, frente a ingresos estimados en $56,5 billones, con un déficit financiero de $2,15 billones. El senador sostuvo que la discusión debe abarcar tanto esas cifras como los resultados que se espera obtener con los recursos.

En su comparación con el presupuesto aprobado para 2026, señaló que el gasto total crecería 36%, los intereses de deuda 80% y Comunicación Pública 62%. En contraste, la inversión real directa aumentaría 28%, Vialidad 5% y el Instituto de la Vivienda 3%. Son variaciones nominales, que deben distinguirse de una mejora real de las partidas.

El dirigente reclamó precisiones sobre infraestructura escolar, hospitales, caminos rurales, obras hidráulicas y viviendas. También aclaró que el PRO admite el crédito como herramienta para invertir, pero exige destinos definidos y mecanismos de seguimiento. Según su lectura, alrededor de seis de cada diez pesos del nuevo endeudamiento se utilizarían para afrontar obligaciones anteriores.

El otro punto de tensión es la seguridad municipal. Petrecca cuestionó que los desembolsos queden sujetos a las operaciones financieras provinciales: “La seguridad de los vecinos no puede depender de una negociación financiera”, afirmó. 

Senador Pablo Petrecca (PRO).
Pablo Petrecca, senador del PRO.

Los libertarios cuestionan impuestos, déficit y facultades extraordinarias

Desde La Libertad Avanza, el senador Diego Valenzuela discutió la decisión del Ejecutivo de presentar el mantenimiento de la presión tributaria real como un aspecto favorable de la propuesta. “¿Desde cuándo mantener la presión impositiva es un logro?”, preguntó, al reclamar cambios sobre tributos que afectan a la producción.

Su planteo apunta especialmente a Ingresos Brutos y Sellos, cuya reducción vincula con mejores condiciones para invertir y generar empleo. La posición introduce una diferencia con el Gobierno, que defiende la continuidad de las alícuotas y la actualización de parámetros para preservar tratamientos reducidos para las pymes. 

El senador libertario Matías de Urraza, en tanto, concentró sus objeciones en la continuidad de la emergencia económica y las facultades extraordinarias. “No es emergencia, es su forma de gobernar”, sostuvo. También pidió explicaciones sobre las autorizaciones de deuda anteriores y cuestionó la convivencia entre el discurso de sostenibilidad fiscal y el déficit proyectado. 

El diputado Francisco Adorni sumó reparos sobre la composición de los ingresos. Entre sus observaciones aparece la inclusión de $1,03 billones reclamados a la Nación ante la Corte Suprema, cuya percepción no está asegurada. Además, propuso eliminar el Impuesto de Sellos del 1,2% sobre los resúmenes de tarjetas de crédito. 

El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza.
El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza.

La Coalición Cívica pone el foco en los trabajadores estatales

La discusión salarial constituye otro eje del debate. El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Andrés De Leo, cuestionó la pérdida de poder adquisitivo de docentes, policías y trabajadores sanitarios.

El legislador describió esa política como “una motosierra mal aplicada” y sostuvo que el ajuste recae sobre quienes prestan servicios esenciales. Su posición también incluye dudas sobre los ingresos nacionales que la Provincia espera recuperar para financiar los gastos previstos.

Por su parte, la Izquierda cuestionó el pago de deuda heredada de la administración de María Eugenia Vidal sin una investigación previa y denunció un ajuste sobre docentes y empleados públicos. Su rechazo se concentra en la orientación económica de las cuentas provinciales y el destino de sus recursos. 

El radicalismo reclama recursos para los intendentes

El sector radical Construir incorpora una demanda municipal: fondos suficientes, distribuidos mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y con libre disponibilidad. Sus referentes sostienen que los gobiernos locales absorben demandas que no encuentran respuesta en otros niveles del Estado y necesitan margen para definir sus gastos.

Esa posición fue ratificada en un encuentro en Morón del que participaron, entre otros, los diputados Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscilla Minnaard, la senadora Natalia Quintana y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas. El espacio también mantuvo su rechazo a las reelecciones indefinidas, otra discusión que atraviesa las negociaciones legislativas de fin de año. 

Los reclamos de libre disponibilidad tienen un alcance diferente del fondo de seguridad propuesto por el Ejecutivo. El mecanismo previsto para los 135 municipios reservaría el 8% del nuevo endeudamiento efectivamente obtenido para equipamiento e infraestructura de esa área. El dinero se repartiría por CUD, pero ingresaría al fondo a medida que la Provincia concrete las operaciones de financiamiento. Por eso, el debate municipal comprende el monto, los plazos y los destinos permitidos, además del porcentaje anunciado. 

Javier Milei y Santiago CaputoEl Gobierno negó la caída del consumo y aseguró que los jubilados están mejor que en 2023

En tanto, Hechos, que tiene entre sus referentes al diputado Manuel Passaglia y al senador Marcelo Leguizamón, planteó una agenda centrada en aliviar la carga tributaria, aumentar la inversión en obra pública y fortalecer seguridad y salud. El estado de las rutas y las prestaciones del IOMA aparecen entre sus preocupaciones.

También desde el radicalismo se reclamaron respuestas para la obra social, mejores condiciones escolares e infraestructura para el interior. Nuevos Aires sumó propuestas de incentivos a la primera contratación laboral, mientras Unión y Libertad pidió que el gasto provincial fortalezca los servicios y la inversión en capital fijo. 

La respuesta oficial y los votos que necesita el financiamiento

El Gobierno sostiene que las cuentas deben analizarse en un escenario de menor actividad y reducción de transferencias nacionales. Al presentar las iniciativas, el ministro Pablo López afirmó que “el Proyecto 2027 se elaboró en un contexto nacional aún más adverso”, y vinculó esa situación con el deterioro del empleo y los ingresos. 

La exposición oficial ubicó entre sus prioridades la continuidad de la inversión pública y las prestaciones de salud, educación y seguridad. Sobre ese diagnóstico, el Ejecutivo defiende la necesidad de contar con herramientas financieras para sostener sus compromisos. 

La autorización para tomar deuda por hasta el equivalente a USD 1.000 millones requiere dos tercios de los votos de los miembros presentes de cada Cámara. Esa mayoría obliga a Kicillof a buscar respaldo fuera del oficialismo y convierte los reclamos opositores en parte central de la negociación. La disputa ya reúne pedidos sobre impuestos, salarios, controles y recursos municipales: acuerdos diferentes que el Ejecutivo deberá construir para sacar adelante su paquete económico.

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