Milei negocia el Presupuesto: concesiones al PRO, reclamos provinciales y una pulseada por los votos

El gobierno de Javier Milei aceleró las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2027 y consiguió avanzar en un principio de acuerdo con el PRO, uno de los aliados parlamentarios que había condicionado su acompañamiento a la incorporación de modificaciones en el proyecto. 

La estrategia de La Libertad Avanza (LLA) apunta a conseguir el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el martes 17 de noviembre y llevar la iniciativa al recinto el miércoles 25, después de que las diferencias con los bloques dialoguistas obligaran a postergar el cronograma original.

Las conversaciones quedaron principalmente en manos del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes buscan acercar posiciones con el PRO, la UCR y los representantes de distintas provincias.

La negociación adquirió un nuevo impulso después de una reunión realizada el jueves en el despacho de Menem, donde los libertarios y sus aliados analizaron los reclamos que habían impedido avanzar con el dictamen a fines de octubre. El oficialismo asumió el compromiso de atender los siete puntos que había presentado el bloque conducido por Cristian Ritondo. 

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Los siete cambios que reclama el PRO

Uno de los principales obstáculos para destrabar el debate fue la lista de modificaciones presentada por el PRO, que combina demandas fiscales, financiamiento para la Ciudad de Buenos Aires y medidas vinculadas con sectores productivos.

Entre los reclamos aparecen la reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos destinado a infraestructura vial, mayores controles sobre las concesiones de rutas nacionales y la continuidad de los beneficios fiscales para la industria automotriz y autopartista.

Este último punto tiene especial relevancia para la provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte importante de las terminales automotrices y de sus proveedores. También figura una propuesta para reducir del 21% al 10,5% el IVA sobre los huevos y sus derivados, impulsada especialmente por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio.

Otro capítulo de la negociación está relacionado con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El bloque amarillo reclama que se regularicen las transferencias correspondientes al 1,55% de los fondos coparticipables y que se reconozca una deuda acumulada que calcula en aproximadamente $628.197 millones.

A esto se suman autorizaciones para operaciones de financiamiento de CABA, entre ellas préstamos destinados a la Línea F del subte, infraestructura ferroviaria y compromisos con proveedores. Finalmente, el PRO pretende incorporar mecanismos para mejorar el intercambio de información tributaria y combatir la evasión mediante billeteras virtuales.

Aunque las negociaciones permitieron avanzar en varios puntos, los reclamos por coparticipación y combustibles continúan entre los más difíciles de resolver. Una alternativa que analiza el oficialismo consiste en atender determinadas demandas mediante instrumentos separados de la ley presupuestaria. 

Universidades, discapacidad y jubilaciones: las condiciones de los aliados

El respaldo del PRO no es el único que necesita Milei. La UCR, el MID, Provincias Unidas y otros bloques dialoguistas también plantearon condiciones para acompañar el proyecto. Entre las principales preocupaciones aparecen el financiamiento universitario, las partidas destinadas a discapacidad, los recursos para infraestructura y la continuidad de determinados mecanismos de actualización de prestaciones sociales.

Desde el radicalismo señalaron que consiguieron aclaraciones sobre la ejecución y actualización de los fondos previstos para universidades y discapacidad, aunque todavía resta conocer cómo quedarán expresadas esas disposiciones en el texto definitivo. Otro punto de controversia es el artículo 17, que propone eliminar la actualización automática por inflación de las asignaciones familiares. Legisladores aliados reclamaron revisar ese apartado.

El MID, por su parte, insistió en asegurar recursos suficientes para las políticas destinadas a personas con discapacidad. Mientras tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, junto con otros legisladores opositores, preparan posiciones alternativas que cuestionan las prioridades de gasto del Ejecutivo, especialmente en educación, salud y jubilaciones.

El principal desafío del Gobierno será convertir los acuerdos parciales en una mayoría parlamentaria. Aunque consiga el acompañamiento del PRO y una parte del radicalismo, La Libertad Avanza necesita sumar a legisladores que responden a distintos gobernadores y fuerzas provinciales.

Por ese motivo, Menem y Santilli intensificaron los contactos con mandatarios que mantienen canales de negociación con la Casa Rosada. Entre ellos aparecen Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Hugo Passalacqua, de Misiones.

También adquieren relevancia los representantes de Provincias Unidas y los legisladores vinculados con gobernadores que integran o acompañan al PRO. En ese escenario, Sáenz convocó a un encuentro de mandatarios en Salta para el lunes 16 de noviembre, una reunión que podría facilitar conversaciones sobre el Presupuesto y otros asuntos de interés provincial.

Los reclamos incluyen deudas previsionales, obras viales paralizadas, programas de desarrollo habitacional y fondos destinados a actividades regionales. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, titular del bloque Argentina Federal, presentó una serie de exigencias relacionadas con recursos para su provincia. Además, pidió reforzar las partidas para organismos científicos y tecnológicos como el INTA, el INTI, el Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

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Del dictamen al recinto: las fechas que maneja el oficialismo

El Gobierno busca cerrar las negociaciones durante los próximos días para cumplir con un calendario legislativo cada vez más ajustado. La primera fecha prevista es el martes 17 de noviembre, cuando el oficialismo pretende conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El objetivo posterior es llevar el proyecto al recinto el 25 de noviembre, aunque algunas fuentes también mencionaron el 26 como alternativa. La fecha del 18, que inicialmente figuraba entre las posibilidades, perdió fuerza debido a la demora en las conversaciones.

El calendario representa una dificultad adicional porque, si Diputados aprueba el Presupuesto, el proyecto todavía deberá ser tratado por el Senado. El período ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre, por lo que una eventual media sanción durante los últimos días del mes dejaría poco margen para completar el trámite legislativo sin recurrir a una extensión del calendario parlamentario.

Además, la negociación presupuestaria se desarrolla en paralelo con otra discusión política: la intención de Milei de avanzar con la suspensión de las PASO, una iniciativa que también requiere acuerdos con gobernadores y bloques aliados. Ambos temas forman parte de las conversaciones que el oficialismo mantiene para ordenar su agenda antes de diciembre. 

Qué prevé el Presupuesto 2027 y por qué es una negociación decisiva

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla un crecimiento económico del 4% para 2027 y una inflación anual del 18%, según las proyecciones macroeconómicas incorporadas en la iniciativa. También estima un aumento real de la recaudación del 5,7% y una presión tributaria efectiva nacional que pasaría del 21,06% del PBI en 2026 al 21,70% en 2027.

Para el oficialismo, conseguir la aprobación presupuestaria sería un respaldo legislativo importante a su estrategia de equilibrio fiscal y a la programación del gasto público para el próximo año. Sin embargo, el proyecto enfrenta objeciones sobre el financiamiento de servicios esenciales, la distribución de recursos federales y la continuidad de beneficios tributarios.

La negociación con los gobernadores también refleja la importancia que tienen las transferencias, las obras y los programas nacionales en las finanzas locales. Las tensiones entre Nación y las provincias atraviesan discusiones presupuestarias, particularmente por los fondos destinados a infraestructura, educación y políticas sociales. En este caso, la búsqueda de acuerdos obliga al oficialismo a evaluar modificaciones sobre asuntos que involucran tanto a los gobiernos provinciales como a sectores económicos específicos.