Papelera del Sur: la fábrica sigue cerrada y crecen los reclamos cruzados en Diputados

El conflicto por el cierre de Papelera del Sur, en Tornquist, sumó este viernes un nuevo capítulo: los trabajadores se presentaron a las cuatro de la madrugada para retomar sus tareas, pero la empresa mantuvo cerradas las instalaciones, pese a la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense. La decisión profundizó la incertidumbre sobre el futuro de unos 160 puestos laborales y coincidió con la presentación de proyectos de diferentes fuerzas políticas en la Legislatura de Buenos Aires.

La crisis industrial llegó a la Cámara de Diputados con iniciativas que coinciden en la gravedad del cierre, aunque plantean distintas responsabilidades. Desde Fuerza Patria apuntaron contra la política económica nacional, la Unión Cívica Radical (UCR) advirtió sobre las consecuencias productivas y la apertura de importaciones, mientras la Coalición Cívica reclamó una intervención activa del gobierno de Axel Kicillof.

La empresa mantuvo las puertas cerradas pese a la conciliación

El jueves 12 de noviembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria e intimó a Interpack S.A., empresa vinculada al Grupo HZ, a retrotraer la situación al 4 de noviembre, reincorporar al personal y restablecer las condiciones laborales previas al conflicto.

La resolución abrió una instancia inicial de negociación de 15 días, con posibilidad de prórroga. Sin embargo, cuando los operarios llegaron a la planta ubicada sobre la Ruta Provincial 76, personal de seguridad les informó que tenía instrucciones de impedir el ingreso.

El secretario general del Sindicato de Obreros Papeleros, Gustavo Lanaro, denunció un incumplimiento de la medida provincial. Según explicó, la compañía comunicó que otorgaría licencias con goce de sueldo durante el período de conciliación, mientras sostenía su decisión de mantener paralizada la producción.

Ante la situación, representantes del Ministerio de Trabajo acudieron al establecimiento para constatar lo ocurrido y labrar el acta correspondiente. La intervención provincial había comenzado de oficio el 5 de noviembre, cuando las autoridades laborales tomaron conocimiento del conflicto y convocaron a las partes para intentar preservar los puestos de trabajo.

Siete meses sin producción y alternativas rechazadas

Según informó oficialmente la cartera laboral bonaerense, la planta llevaba aproximadamente siete meses sin actividad productiva cuando el grupo empresario anunció su cierre definitivo. La decisión comprometió unos 160 puestos laborales, distribuidos entre 110 trabajadores bajo convenio colectivo y otros 50 fuera de convenio.

La empresa atribuyó la situación a problemas de rentabilidad, limitaciones tecnológicas y dificultades para competir con la cartulina importada. La fábrica, cuyos orígenes se remontan a 1960, se especializaba en la producción de cartulina reciclada destinada a envases.

Durante las negociaciones se plantearon distintas alternativas para sostener la actividad, entre ellas asistencia económica, alivio impositivo y un esquema de suspensiones rotativas. La representación empresarial mantuvo su decisión de cerrar el establecimiento.

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Desde el gremio también señalaron que los trabajadores habían llegado a ofrecer una reducción salarial para preservar los puestos. El secretario adjunto, Ricardo Schwindt, explicó que la prioridad del personal era continuar trabajando y evitar el desmantelamiento de una actividad industrial histórica para la localidad.

El sindicato sostiene que el grupo empresario continuará abasteciendo sus imprentas con cartulina importada desde Brasil, en reemplazo de la producción desarrollada en Tornquist. La discusión abarca el futuro de una industria que abastecía a otras actividades productivas y el avance de los insumos importados sobre la fabricación nacional.

Tres proyectos legislativos y distintas responsabilidades políticas

La crisis llegó a la Cámara baja bonaerense mediante presentaciones de Sofía Vannelli, de Fuerza Patria; Priscila Minnaard, de la UCR; y Andrés De Leo, de la Coalición Cívica.

Vannelli, integrante del Frente Renovador, presentó un proyecto de declaración en el que vinculó el cierre con las políticas económicas del presidente Javier Milei. La legisladora cuestionó la apertura de importaciones, la recesión y el deterioro del empleo industrial.

En los fundamentos, advirtió que las dificultades del sector productivo se reflejan en la desaparición de empresas y puestos laborales. También destacó las consecuencias indirectas para contratistas, transportistas y comercios vinculados con la actividad papelera.

La diputada citó informes que contabilizan 32.290 empresas cerradas entre noviembre de 2023 y julio de 2026, una cifra que incorporó a su argumentación sobre el deterioro del entramado productivo nacional.

Por su parte, Minnaard centró su iniciativa en el impacto económico y social para el sudoeste bonaerense. La legisladora radical sostuvo que la pérdida de una industria de semejante magnitud afecta también a proveedores, talleres, transportistas y comercios, cuya actividad depende de los ingresos generados por la fábrica.

La representante de la Sexta sección también vinculó las dificultades del entramado productivo regional con la situación macroeconómica y la apertura de importaciones. En su planteo, reclamó que la Legislatura intervenga en defensa de los puestos de trabajo, la producción nacional y el desarrollo industrial.

De Leo, en cambio, dirigió su pedido al gobierno provincial. El diputado de la Coalición Cívica solicitó que Kicillof impulsara una mesa de diálogo entre la empresa, los trabajadores, el municipio y las autoridades bonaerenses para evaluar alternativas que permitieran conservar la actividad.

Su presentación se produjo cuando el Ministerio de Trabajo ya había intervenido de oficio en el conflicto. Posteriormente, el 12 de noviembre, la Provincia dictó la conciliación obligatoria e intimó a la compañía a retrotraer los despidos.

Las tres iniciativas expresan preocupaciones compartidas por el empleo, pero difieren en la identificación de responsabilidades y en las herramientas propuestas para afrontar la crisis industrial.

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El conflicto también generó una respuesta comunitaria. Los trabajadores organizaron un acampe frente al establecimiento, con turnos de seis horas para mantener la presencia durante las 24 horas.

Vecinos y comerciantes acompañaron las movilizaciones y reunieron 2.500 firmas que fueron entregadas al Ministerio de Trabajo en respaldo al reclamo por la reapertura.

La paralización de Papelera del Sur afecta a una localidad de aproximadamente 8.000 habitantes, donde la fábrica representa una fuente histórica de empleo directo y movimiento económico para otras actividades.

El intendente en uso de licencia, Sergio Bordoni, actualmente integrante del directorio del Banco Provincia, también cuestionó la decisión empresarial. Señaló que el establecimiento había recibido mejoras e incorporado trabajadores antes del anuncio, y remarcó que la compañía se encontraba al día con sus obligaciones.

Desde el municipio y el gremio insistieron en la necesidad de que los responsables del Grupo HZ participen directamente de las conversaciones para discutir opciones de continuidad productiva.

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El 20 de noviembre, nueva audiencia por los 160 empleos

La próxima instancia de negociación quedó fijada para el viernes 20 de noviembre, a las 9:30, en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

La representación sindical reclamó ampliar la participación de las partes, con autoridades de la empresa, funcionarios provinciales y municipales y organizaciones vinculadas con la actividad.

El pedido de los trabajadores sigue concentrado en recuperar la producción y conservar los 160 puestos laborales, mientras la compañía mantiene su decisión de cerrar la planta.

Con la intervención provincial en marcha y tres iniciativas legislativas que expresan diferentes posiciones políticas, el futuro de Papelera del Sur continúa en discusión. La próxima audiencia reunirá nuevamente a las partes alrededor de una cuestión central para Tornquist: la continuidad de una actividad industrial que durante décadas sostuvo empleo, producción y movimiento económico en la región.

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